DD.OO.

Jefe del Estado.

2011-11-12T00:01:00.001+01:00

Ya era hora de iniciar una serie de párrafos para definir cómo debe ser el Jefe del Estado, cuáles son sus funciones y quién está más capacitado para el desempeño de una tarea histórica.

Poniendo en antecedentes a los lectores, en la vida política actual vemos como hay muchos líderes que quieren llegar a ser poco más que Julio César, Don Pelayo o Napoleón o simplemente tenemos líderes políticos que han sido nefastos como Nerón o Calígula. Como es natural, no debe ser así. Un Jefe del Estado es el resultado de una ideología implantada previamente, así vemos que Julio César es el resultado de una lucha contra la corrupción de SPQR (Senatus populusque romanus | Senado y pueblo romano), donde el pueblo era el que menos contaba para patricios.

El caso de Don Pelayo se ve reflejado en la lucha contra un invasor con diferentes costumbres, ideas y una religión extranjera. La unión en torno a Don Pelayo conforme a unos ideales bien definidos dio pie al resurgimiento de la Hispania y el germen de nuestra gran nación.

¡España, unida, jamás será vencida!

Qué decir, por supuesto, del gran Napoleón Bonaparte, que es el resultado de las ideas de la ilustración. Sin ella no hubiera habido tan gran conquistador, excelente gobernador y político moderno.

Son tres ejemplos que nos da la extensa historia. Diferentes tipos de cómo se forja un líder, de cómo se crea un Jefe del Estado. De los inútiles no diremos nada.

El Franquismo ahora mismo no puede tener un líder, porque ni siquiera tiene un ideal. A cualquiera que podáis preguntar, siempre recibiréis la misma respuesta: El Franquismo sin Franco no existe. Nuestra MISIÓN es esa... conseguir unos ideales totalmente españoles, patrios me arriesgo a decir, que vengan a renovar los ideales franquistas y anteponer ante cualquier "politicucho liberal" los intereses de los españoles y de España. No olvidar nuestra historia, pero tampoco cerrarnos en ella. Debemos ser un TODO EN UNO, bien ensamblado, duro como el acero y brillante como el diamante... debemos atraer, gente joven, nuevas ideas, ganas de mejorar y dar un futuro mejor.

Después de eso, vendrá un Jefe del Estado, elegido de entre cualquier español, con valía y que haya demostrado sus aptitudes ante el pueblo español. Los romanos lo conseguían con la dinastía de los "Antoninos", ahí quedan emperadores como Trajano o Adriano, sin olvidar a Marco Aurelio. La historia está para aprender de ella, ya se llevó a cabo, se puede volver hacer.

Ahora bien, debemos tener todos en mente que debe ser así y no se puede atajar eligiendo antes al líder y viendo como es el propio Movimiento el que se desintegra entre tanto afán de protagonismo. Tantas falanges como las que me caben en la mano, tantos frentes como ideales hay, tantos partidos como líderes hay y quieren ser. Ni siquiera un nudo bien hecho ha podido con esta descomposición.

Se necesita una persona que arbitre la gestión política, económica y judicial de España (Garantizando una separación efectiva de poderes). Se puede pensar en monarquía tradicional o en nuevos términos como república presidencialista o Estado paternalista. Da igual, lo que se precisa es un mando que devuelva a España a su lugar.

En ningún caso, en el ejercicio de las funciones que le corresponda significará la existencia de privilegios o beneficios, dando cumplimiento a la maxima de "primus inter pares" (Primero entre iguales), pues TODOS somos responsables de mantener y promocionar el Estado de Bienestar, desde el primero al último.

Después de tener el ideal y el perfil del Jefe del Estado, la "vox populi" hablará y designará al Jefe del Estado que crea conveniente. Asimismo se articularán los medios y las formas para impedir abusos de poder por parte de los que van a ejercer dicho cargo. Por descontado, hay que tener en cuenta la imparcialidad del mismo, pues al ser un cargo permanente no se verá inclinación alguna por las políticas que no beneficien a España.

Por último, hay que destacar que el Jefe del Estado cobrará por ejercer esas funciones de alta responsabilidad pero que, en ningún caso, serán cifras astronómicas y millonarias. Su sueldo estará garantizado y regulado en una Ley Orgánica, junto con el resto de cargos públicos desde el becario hasta el General de más alta graduación. Ni un ápice de descontrol, el dinero público es de todos y con alta estima y con mucho cuidado será gestionado.

Esperemos que estas líneas sirvan para convencer a todos los españoles. Es hora de cambios... ¿por qué el nuestro no?

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sistema financiero.

2011-09-23T23:33:00.001+02:00

Principios del siglo XXI y en una década el mundo está al borde del abismo, una historia larga de encuentros y desencuentros, siempre tutelada por los sistemas financieros y donde siempre perderá el mismo: el ciudadano, el trabajador, la familia...

Da igual que hablemos de países, banderas o bandos porque esto sucede en todo el mundo, hasta en las naciones más potentes. Todos tenemos el mismo problema: EL CAPITALISMO.

El Capitalismo hace siempre al rico más rico y al pobre más pobre. Nosotros no vamos a criticar la existencia de la propiedad privada o el libre mercado, porque la ley de la oferta y la demanda da la posibilidad de crear variables en los precios y eso siempre beneficia al ciudadano pues impide los monopolios y las explotaciones. No vamos a hablar siempre de lo mismo, sino de los problemas de hoy en día.

Lo que sí que vamos a criticar es la especulación producida por el Capitalismo. El hecho de que personas jueguen con la economía sin importarle las consecuencias que pudiera dar, solo y exclusivamente por el propio beneficio económico.

Como siempre en todos nuestros artículos, intentaremos dar una posible situación, aún a pesar de que nuestra experiencia en el mundo de las finanzas es más que limitado.

En este artículo nos centraremos más en el mercado de valores, donde la financiación de empresas privadas o públicas da la posibilidad a éstas de conseguir un dinero rápido de inversores, lo que crea también una dependencia real tanto de empresas privadas como las públicas.

Ahí vienen nuestros problemas. El actual mercado de bolsa se basa en datos especulativos y de lo que “piensen” los inversores de turno, lo que no es nada bueno para una economía Nacional como puede ser la de nuestro país.

En una bolsa de valores podemos ver distintos productos como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, entre otros. Hemos puesto los más usuales.

El mercado de valores es manejado por demandantes, oferentes e intermediarios (Los famosos corredores de bolsa).

La combinación fatal viene de la unión de bonos públicos y especulación. La construcción de una Sociedad a base de la deuda que ésta genera y que luego, naturalmente, tiene que devolver. Si no generas la confianza necesaria para que te presten dinero, no verás ni un duro. La confianza es el lógico resultado del estudio realizado por inversores donde no solo tienes contingencia de devolver lo recibido sino de generar intereses.

En pocas palabras, La bolsa de valores es una actividad, sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a personas o Estados. La bolsa es un negocio.

La historia nos cuenta de cómo el mercado a base de deuda se impone de sobremanera sobre el mercado del saqueo, más concretamente en los tiempos del Emperador Napoleón, cuando pierde su última batalla, Waterloo. El duque de Wellington reúne un ejército reclutado desde la venta de bonos por parte de naciones como Inglaterra, mientras que el ejército napoleónico surge del saqueo de naciones y de la acumulación de valores reales como el oro. Aquí se produce el punto de inflexión, pues será justo en este momento cuando las economías acuden con asiduidad a la deuda como sistema de manutención del Estado de Bienestar.

Aunque, si lo pensamos mejor, el Estado de Bienestar no está para nada asegurado cuando los Estados pueden llegar a la quiebra total como ya lo hiciera Argentina con el famoso corralito.

Para nosotros no es un sistema infalible, aunque igual unido a otros, podría ayudar a la realización de proyectos más caros o de mayor complejidad en un tiempo más reducido, poniendo así al ciudadano un servicio de calidad mucho antes.

Pero claro, tiene que estar compartido. España, por ejemplo, debe tener un fondo de garantía para no depender de la especulación y ESPECIALMENTE no depender del déficit público como garantía de avance social.

Todos los que leáis este artículos debéis tener presente que España tenía la CUARTA reserva de oro del mundo, lo cual me parece un gran fondo de garantía más que suficiente y que perdimos en la Guerra Civil por chantaje soviético.

Aumentar nuestra reserva de oro permitiría atajar nuestro déficit ofreciendo un valor seguro a nuestros deudores así como seguir disponiendo de esa base para poder realizar la misma operación o bien dar ese metal precioso como forma de pago.

Ese aumento, unido al desarrollo equitativo y gradual de una economía sostenible, así como a un proteccionismo de Estado de nuestros productos hará de España una nación más poderosa a nivel financiero.

Actualmente España es un país que importa más de lo que exporta y por eso hay eliminar toda dependencia del exterior que hace de nosotros un país bastante vulnerable. Hay que proteger nuestro mercado y que el “MADE IN SPAIN” prevalezca sobre los mercados extranjeros. Muchas veces será más caro, pero será un bucle que lleve a la creación de empleo.

Asimismo nuestra economía debe tener varias fuentes de ingreso, para que ante una eventual quiebra ni afecte al sector de al lado y mucho menos al Estado. España basó su economía en la construcción, dependiendo ésta de los bancos (relación directa con el mercado de valores) y de la inflación abusiva de las viviendas, lo que, a la llegada de la crisis bursátil fue la gota que colmó el vaso.

En definitiva, con la creación de una base económica de garantía, proteccionismo de Estado, desarrollo sostenible de la economía y eficiencia de bienes y medios, conseguiremos no estar a merced del negocio del sistema financiero y de los inversores bursátiles.

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Sistema penitenciario: Cadena perpetúa y pena de muerte.

2011-08-09T17:19:00.001+02:00

El sistema penitenciario español está caracterizado por ser uno de los más tolerantes y benévolos del ámbito internacional. En este texto criticaremos constructivamente nuestro actual sistema y hablaremos de la pena de muerte como sentencias firmes empleadas en multitud de países en pleno siglo XXI.

A través de varios adjetivos analizaremos nuestro sistema penitenciario, dejando el segundo párrafo a nuestra opinión orgánica como solución a los problemas que puedes generarse:

INEFICAZ. En los últimos tiempos, y más desde la desaparición del Franquismo, la democratización de la sociedad a favor del parlamentarismo partitocrático ha contribuido a una confusión de términos y cambio en los medios y formas de castigo y/o rehabilitación de los que se ven abocados al ingreso carcelario.

Ese canje no cumple la garantía de rehabilitación en la sociedad y mucho menos el castigo por el que han de pagar.

Por ello, los centros penitenciarios tendrán distintos módulos como los actuales.

PRIMERO.- Aquellos que por delitos menores o acumulación de faltas cumplan condena estarán encuadrados dentro de éste, enfocado a la rehabilitación social y reincorporación a la misma. Como hoy en día se realiza, tendrán acceso a cursos, estudios y deportes para facilitar el objetivo primigenio.

SEGUNDO.- Un segundo módulo para delitos que por circunstancias especiales le permita acceder a los cursos del primer módulo para su reinserción. Enfocado a delitos de orden socioeconómico, contra el patrimonio o la naturaleza.

TERCERO.- Un último módulo donde no tendrán acceso a ningún tipo de curso, donde no se garantizará su reinserción y cumplirán condena conforme a sus acciones dolosas. Este último previsto especialmente para terroristas y reos que acometieran delitos contra las personas, sea cual fuere el resultado.

Dentro de estos módulos primarios, habrá unos secundarios que clasificará a los reos por delitos, impidiendo así clasificaciones y discriminaciones tendentes al surgimiento de problemas internos. Una separación real y efectiva.

Cabe destacar que se crearán módulos similares para mujeres impidiendo así cualquier tipo de contacto mujer- varón. Salvo que se acuerde lo contrario, los contacto directos con familiares (Vis a vis) estarán terminantemente prohibidos.

RUINA. Está claro y poco hay que explicar. Es insostenible un sistema de cárceles a todo confort. La cárcel tiene que enfocarse como una empresa que genere beneficio. Por ello, los trabajos forzados pueden tener cabida en un nuevo sistema penitenciario. Labores que respeten todos los derechos que tengan concedidos pero que sea como consecuencia de la aceptación de unos deberes contraídos con la Sociedad por sus conductas y acciones perniciosas.

Es más, las legislaciones internacionales promulgadas por la Organización de las Naciones Unidas, tales como los Pactos que amparan los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, NO impiden o condenan la adopción de este tipo de medidas por parte de juzgados y tribunales tras la celebración de sesión de juicio.

Actualmente, la legislación española no contempla este tipo de medidas, salvo las referentes a “ayudas en beneficios de la comunidad” que no dejan de ser una pequeña ayuda pero… que en muchos casos no son necesarias para la sociedad y que con un esfuerzo inexistente demuestren o prueben que merecen una disminución de pena.
En todo caso, la legislación española no contemplará la posibilidad de reducir penas por la realización de trabajos forzados a condenados por delitos de sangre.

BLANDO. La privación de libertad ha de servir de algo. Las penas que se apliquen han de ser íntegras. Sólo el juez y autoridad competente puede catalogar el delito en su mitad superior o inferior atendiendo a circunstancias especiales que puedan darse.
Salvo en lo expuesto en el apartado anterior que por decisión judicial y por la realización de trabajos forzados se acuerde su reducción de pena progresiva hasta un mínimo predeterminados que, en ningún caso, deberá ser menor a la pena fijada en su mitad inferior en el Código Penal.

CORRUPCIÓN. Los poderes públicos garantizarán la creación de un grupo de asuntos internos encuadrado dentro del Movimiento Nacional, que vigile acciones ilícitas dentro de los centros penitenciarios, tanto por parte de los propios internos como por parte de los funcionarios de prisiones que incumplan la legalidad vigente a cambio de beneficios varios.

BENEFICIOS. Las cárceles no deben tener ningún tipo de lujo o dar acceso a ello, salvo en los casos que se determinen, tales como módulos especiales de funcionarios.
Se controlará y vigilará la entrada de psicotrópicos y estupefacientes que no servirán de objeto para la obtención de información. Asimismo, la ley de Protección de Datos regulará los mismos en situaciones de privación de libertad, colocándose cámaras con captación de sonido en cada celda o habitáculo en común, a efectos de controlar los movimientos sociales internos. Los grupos de asuntos internos vigilarán especialmente el contrabando y el incumplimiento de la legalidad.

ACUERDOS Y NEGOCIACIONES. Los acuerdos entre las partes solo se permitirán en los casos que se establezca que, en todo caso, no podrán ser los delitos más graves como el terrorismo o el homicidio.

La Constitución Orgánica conforme a lo establecido en su artículo 25, apartado segundo orientará la privación bien al castigo y arrepentimiento como a la reinserción y reeducación, atendiendo al tipo del delito cometido y el comportamiento demostrado.

Una de las conclusiones que debemos sacar es que el mero hecho de entrar en centros penitenciarios provoque sensación de arrepentimiento, rechazo y resarcimiento hacia el bien dañado: La Sociedad en general y la víctima y/o perjudicado en particular.

CADENA PERPETÚA Y PENA DE MUERTE.

El Estado español garantizará el cumplimiento integro de las penas, tal y como se ha comentado en el apartado “blando” del presente artículo. Los delitos penados que puedan superar los treinta años de internamiento, constituirán cadena perpetua, salvo que por razones especiales y motivadas el juez o tribunal disponga que el cumplimiento de la condena sea única y exclusivamente lo acordado.

Asimismo la comisión y enjuiciamiento de varios delitos continuados, que sumados alcancen más de treinta años de internamiento, constituirán cadena perpetua para el autor de los mismos.

Los delitos que así se determinen como los de terrorismo, constituirán cadena perpetua en todo caso.

El Estado español NO castigará las acciones que por su especial gravedad sean constitutivas de delito con la pena capital o pena de muerte. Esta decisión es tomada a raíz del cumplimiento de los principios cristianos y más en la actualidad de la firmada y ratificada Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo tercero expone el derecho a la vida de todo ser humano.

Por ello, la pena de muerte será abolida con todas las consecuencias que conlleve, salvo en lo que se determine para tiempos de guerra donde, en todo caso, el reo que pudiera ser condenado tendrá un juicio justo, imparcial y profesional.

Con esta medida se intentará conseguir un endurecimiento de penas por otras vías y que el hecho de ingresar en prisión no sea un mero trámite, sino que nadie quiera entrar.

Asimismo con la eliminación de la pena de muerte se evitará crear mártires en los casos de terrorismo o delitos políticos.

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Financiación y el futuro de los ayuntamiento dentro de la Democracia Orgánica.

2011-08-09T01:20:00.002+02:00

Dentro de nuestra democracia orgánica hay que dar un paso más. Siempre estar por delante. Por eso, en este texto daremos dos soluciones más al problema del desarrollo y financiación de los ayuntamientos de nuestra Patria.

La gestión económica de los ayuntamientos es deficiente tanto a la hora de prestar un correcto servicio a los ciudadanos como las deudas que contraen con bancos y cajas (cuando no con particulares) que complican el establecimiento y mantenimiento de un Estado de Bienestar que nos viene garantizado en la Constitución de 1978. Por eso estamos asistiendo a recortes salariales (incluso impagos), subidas de la edad de jubilación, despidos masivos, etc. Un tijeretazo de modista profesional, ante el cual no podemos hacer nada.

Una de las causas principales de este problema se genera en las Comunidades Autónomas, las cuales, son un lastre para el desarrollo. ¿Quién no ha visto inútiles monumentos o impuestos generados a raíz de una mala gestión? Por ahí, a nuestro juicio, van los tiros. Lo que nunca podríamos llegar a imaginar ha sucedido en Cataluña donde el cierre de hospitales y centro sanitarios es una realidad.

La verdad es que hay un gran agujero de capital, que se genera cuándo se puede prescindir. El raciocinio nos impide ver más allá y vemos absurdo tener una ciudad con una bonita estatua y un pueblo que genere gasto eléctrico porque no tiene farolas solares, por poner un ejemplo.

Fondos al desarrollo. (Ayudas anuales)

1.- Los pueblos necesitan dinero. Lo que proponemos es destinar parte del dinero asignado en los Presupuestos Generales del Estado a proyectos de desarrollo. Así pues, anualmente y con la antelación suficiente, los ayuntamientos de toda España, a través de sus mancomunidades o comarcas, remitirán al Ministerio de Fomento las obras necesarias destinadas a arreglar lo que esté roto o a construir lo que sea necesario.

El Ministerio de Fomento estudiará y aprobará las que precisen de más urgencia. Los ayuntamientos que no pudieran disfrutar ese año de la ayuda precisa, tendrán preferencia para el año siguiente, pudiendo así disfrutar de dos obras importantes cada legislatura.

Todo caudal público tendrá un seguimiento estricto. Se mandarán los correspondientes informes del avance las obras, así como su buen funcionamiento. Funcionarios del Ministerio de Fomento supervisarán aleatoriamente y sin previo aviso posibles irregularidades que pudieran darse, a fin de evitar cualquier desvío ilegal de fondos públicos o inversiones no destinadas al fin solicitado.

Lo que se pretende es dejar el desarrollo del pueblo al Estado, el cual lo debe garantizar por derecho inherente, y que el ayuntamiento, mancomunidad o comarca se encargue del sostenimiento del mismo a través de los beneficios que genere (seguridad, sanidad, sueldos, empleo, etc)

2.- El Ministerio de Cultura también recibirá un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado para distribuir y fomentar el caudal entre las comarcas con interés cultural (histórico, turístico, artístico), a fin de conseguir la conservación del Patrimonio de especial significación.

Como en el primer punto, se concederá a razón de la demanda atendiendo a los principios de austeridad y eficiencia. El Ministerio de Cultura conocerá de los pueblos que tengan rango de "Patrimonio de la Humanidad", "Conjunto Histórico Artístico" y "Bien de Interés Cultural". Exclusivamente solo los que tengan dicho denominación podrán solicitar las ayudas pertinentes.

Se tendrá presente siempre el beneficio de la población residente y la liberalización de sus impuestos, para implantar un modelo de autonomía total e independencia de bancos y cajas.

3.- Las poblaciones y núcleos de eficacia nula, con un número pequeño de empadronados y con gasto elevado tenderán a desaparecer. Los núcleos menores perderán la condición de ayuntamiento y pasarán a ser entidades locales de un pueblo adyacente más grande. Será éste último el que solucione los problemas de liquidez.

El Estado no dará subvenciones para la repoblación de núcleos urbanos considerados inviables. El Gobierno de España presentará ante las Cortes Generales un informe anual donde refleje los pueblos abandonados.

Los poderes públicos garantizarán la correcta comunicación entre los núcleos de población, intentando establecer una población de más de 10.000 habitantes cada treinta kilómetros, fomentando el turismo y el desarrollo industrial.

Para ello facilitará el éxodo con ayudas a la vivienda y a los pequeños y medianos empresarios, fomento de las comunicaciones (arreglo de carreteras, telefonía, Internet, etc) y garantizará los servicios básicos (sanidad, educación, seguridad, etc)

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Libro II. Delitos y sus penas.

2011-08-09T00:20:00.000+02:00

Título I. Del homicidio y sus formas.

Título II. Del aborto y las lesiones al feto.

Título II. De las lesiones.

Título VI. Delitos relativos a la manipulación genética.

Título V. Delitos contra la libertad.

Título VI. Delitos contra la integridad moral. La tortura.

Título VII. Prostitución ilegal y trata de Seres Humanos.

Título VIII. Delitos contra la indemnidad sexual.

Título IX. Omisión del deber de socorro.

Título X. Delitos contra la intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del domicilio.

Título XI. Delitos contra el honor.

Título XII. Delitos contra las relaciones familiares.

Título XIII. Delitos contra el patrimonio y el orden socieconómico.

Título XIV. Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social.

Título XV. Delito contra el derecho de los trabajadores.

Título XVI. Delitos relativos a la ordenación del territorio, el urbanismo y protección del patrimonio histórico.

Título XVII. Delitos contra la protección del Medio Ambiente. Maltrato Animal.

Título XVIII. Delitos contra la Seguridad colectiva.

Título XIX. De las falsedades.

Título XX. Delito contra la Administración Pública.

Título XXI. Delitos contra la Constitución.

Título XXII. Delitos contra el Orden público.

Título XVIII. De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa Nacional.

Título XXIV. Delitos contra la Comunidad Internacional.

Título XXV. Delitos contra la Administración de Justicia.

Título XXVI. Delitos contra los derechos de los nacionalizados y extranjeros residentes.

Título XXVII. Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

El aborto.

2011-08-08T23:42:00.002+02:00

Este artículo tiene por fin dejar bien claras las premisas adoptadas por HF | El Movimiento Nacional en relación al aborto y/o interrupción voluntaria del embarazo.

Lo ideal sería empezar con una definición de lo que para nosotros es el aborto. El susodicho implica la eliminación de toda expresión de vida creada a raíz de una relación sexual, la cual pudo haber sido de dos modos, consentidas o a raíz de una agresión sexual perniciosa para la víctima.

Una vez dejada clara la definición procedemos a dar los motivos por los cuales nosotros no permitiríamos el aborto como solución final y única de una relación sexual:

La muerte de un ser humano: En el momento de la concepción del feto, lo primero que se desarrolla es un código genético distinto del de la madre, la cual, le da cabida. Esta afirmación no solo está científicamente demostrada sino que va en contra de la Declaración de los Derechos Humanos que en su artículo tercero aboga por el derecho a la vida.

Sufrimiento de su madre: En innumerables ocasiones los problemas psicológicos que produce un aborto son notables y pueden derivar en depresiones y síntomas de culpabilidad, dando lugar al conocido síndrome postaborto (SPA). Cuanto más avanzado es el estado de gestación más posibilidades hay de sufrir estas dolencias.

Negocio millonario: Bajo nuestro punto de vista es el peor de todos, pues la financiación de los abortos proviene del capital público donde está claro que prevalece el interés de unos pocos sobre el derechos de ser madre, donde no se dan ayudas para el fomento de la natalidad, teniendo que recurrir, ante la falta de nacimientos, a la inmigración para suplir las necesidades sociales que genera nuestro país. La pescadilla que se muerde la cola.

Desde luego entendemos que el caudal público es bastante más valioso como para regalarlo sin tener en cuenta el interés común.

Como toda crítica constructiva, ahora damos paso a las soluciones que proponemos para eliminar del pensamiento colectivo el aborto como solución de un embarazo no deseado:

- Lo primero sería evitar en la medida de lo posible el embarazo no deseado, para ello hay dos métodos bien sencillos; o la puesta en práctica de la moral católica absteniéndose de toda relación sexual mientras no se desee tener descendencia o el uso de sistemas anticonceptivos tales como el preservativo (masculino y femenino). El uso de pastillas no es el idóneo pues tiene contraindicaciones nada deseables.

- Lo segundo sería que ante un eventual embarazo los Poderes Públicos facilitasen dinero público a través de subvenciones o créditos a interés bajo. Las primeras sería para personas sin recursos (adolescentes, parados, etc) y las segundas para el polo opuesto: personas con trabajo y gananciales pero con una ayuda extra para fomentar la natalidad.

- Lo tercero sería la promoción de campañas escolares y publicitarias, a través de las cuales se trataría de cambiar la visión positiva del aborto existente y una transición normalizada de conducta encaminadas al aumento de la responsabilidad a la hora de tener relaciones sexuales.

- Lo cuarto lo tenemos muy presente y es el tema de afrontar un embarazo no deseado que sea a causa de una agresión sexual. Entendemos que es un proceso duro y largo nada deseable, pero ocurre y hemos de reflejarlo.

Los poderes públicos garantes del Estado de derecho y de bienestar tendrán especial consideración con este problema social. No solo perseguirán penalmente al autor/es de los hechos sino que se volcarán con la víctima en la medida de lo posible.

El Estado asumirá los gastos que ocasione el embarazo fruto de una violación. Ofreciendo un sistema de orfanatos en toda la geografía española como también un sistema de adopciones, no siendo obligatorio en ningún caso obligatorio el ejercicio de la tutela.

Los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual responderán económicamente ante el Ministerio de Hacienda de las deudas generadas por las subvenciones concedidas a víctimas de delitos sexuales.

El resultado es lo importante. Gastarse dinero público en vidas humanas no tiene precio.

A continuación y por último, damos paso a las excepciones que aceptaríamos dentro de unos marcos legales, éticos y morales:

Entendemos que por razones médicas se puede ejercer la interrupción voluntaria del embarazo siempre y cuando ponga en peligro su salud, desarrollo o vida. Excepción que ha de contar con la rubrica de un colegiado médico que certifique los riesgos.

También, cuando los expertos así lo aconsejen, se dará la posibilidad a una víctima de violación de abortar.

Con todo esto, esperamos haber dejado clara nuestra postura acerca del aborto. Hemos dado una visión moderna de la vida, para que los roles no acompañen nuestro movimiento. El constante cambio y la modernización de lo que es racional es lo mejor para que un ideal sea idóneo a la hora de implantarlo.

¡Arriba España!

Te interesa...

Derecho a vivir.

Fundación redMadre.

Fundación Vida.

Línea de atención a la mujer.

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DNI electrónico. Un paso más.

2011-08-08T19:11:00.002+02:00

Uno de los avances más significativos de los últimos tiempos ha sido, sin duda, la implantación en España del Documento Nacional de Identidad electrónico que permite realizar innumerables trámites vía internet de forma rápida y sencilla.

Pero a la hora de examinar las funciones reales que tiene el Documento Nacional de Identidad vemos que se queda corto y que bien puede cumplir otras funciones diferentes.

Como sabemos la identificación de una persona es necesaria y obligatoria a partir de los catorce (14) años de edad. Pero además de necesaria, la identificación de una persona puede servir para dar un debido y riguroso cumplimiento a las leyes establecidas facilitando el trabajo en las funciones públicas, servicios sanitarios, sector servicios y a las Administraciones públicas.

A simple vista el DNI electrónico facilitará unos datos orientativos, tales como:

En el anverso de la tarjeta se encuentran los siguientes elementos:

En el cuerpo central de la tarjeta:
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Sexo
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Número de serie del soporte físico de la tarjeta (IDESP)
Fecha de fin de validez
Fecha de validez del documento
En la esquina inferior izquierda:
Número del Documento Nacional de Identidad.
En el espacio destinado a la impresión de imagen láser cambiante (CLI):
La fecha de expedición en formato DDMMAA
La primera consonante del primer apellido más la primera consonante del segundo apellido más la primera consonante del nombre. (del primer nombre en caso de ser compuesto)

El reverso de la tarjeta contiene los siguientes elementos:

Lugar de nacimiento
Provincia-País
Nombre de los padres
Domicilio
Lugar de domicilio
Provincia-país del domicilio
Número de la oficina de expedición del DNIe
Información impresa OCR-B para lectura mecanizada sobre la identidad del ciudadano según normativa OACI para documentos de viaje

Los poderes públicos crearán un fichero por español/a que posea documento de identificación. Cada fichero contendrá datos relativos a situaciones administrativas, penales, policiales o sanitarias. Dichos ficheros estarán constantemente actualizados. Los responsables de los ficheros, funcionarios del Estado, tendrán potestad sancionadora en el caso de no comunicar los cambios que exija una Ley ordinaria.

Los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior así como del Ministerio de Justicia tendrán acceso con exclusividad a todos los datos que contengan los ficheros, a través de una base de datos unificada. Para el resto de personas que pudieran ver datos personales hallarán SOLO los que sean de su competencia, estando el resto capados y restringidos.

Asimismo los poderes públicos desarrollarán lectores de DNI portátiles e inalámbricos (PDA) para ampliar, en cualquier lugar de la geografía española, los datos que se presenten en la tarjeta plastificada.

Así se desarrollarán lectores para:

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dicho lector dará cuenta a los agentes de la autoridad de la existencia de antecedentes penales y su situación actual.
Servicios Médicos. Donde se refleje el historial médico, número de afiliado a la Seguridad Social y otros datos de interés para ésta, a fin de ofrecer el mejor de los servicios posibles.
Administración del Estado. En todos los ámbitos para saber la situación administrativa o laboral del sujeto identificado. Se reflejarán datos como la concesión de la ciudadanía, vida laboral, sanciones administrativas, discapacidades, entre otras
Sector servicios. Para garantizar el derecho de admisión. Como particularidad, los lectores desarrollados para el sector terciario tendrán un sistema de alerta que enviará automáticamente el precepto infligido a un centro creado a tal efecto para sancionar administrativamente a todos aquellos que incumplan sus propias normas de acceso.

Cabe destacar que los poderes públicos garantizarán la confidencialidad de los datos personales y su posterior eliminación una vez consultados, dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal.

Asimismo se regulará en el Código Penal una serie de articulados para castigar acciones que pudieran incumplir los derechos básicos a la intimidad personal y familiar, a una vida privada, el derecho al honor y la propia imagen. Todos ellos recogidos en la Carta Magna.

En ningún caso, el DNI electrónico reflejará datos privados como orientación sexual, ideología política, tendencia religiosa o similar.

Como datos relativos a la concesión del Documento Nacional de Identidad reseñar que se seguirá expidiendo en las oficinas del Cuerpo Nacional de Policía, los cuales recibirán un lote de números que irán distribuyendo correlativamente.

Su obtención será obligatoria a la edad de los catorce (14) años. Pudiendo ser expedido voluntariamente antes. En el caso de no expedirlo, el tutor legal deberá llevar siempre consigo el libro de familia que acredite la identidad parcial del menor a su cargo.

En los nuevos documentos expedidos a raíz, teniendo en cuenta la nueva Ley, vendrán reflejados los datos del permiso de conducción, así como otros de interés para la Dirección General de Tráfico.

En caso de pérdida, deberá comunicarse a las autoridades administrativas competentes para proceder a la desactivación del chip que contenga datos personales de especial interés.

Por último el tramo de edades para su renovación:

Hasta los 30 años, el DNI tiene validez por 5 años. De los 30 a los 70 años, tiene validez por 10 años, siendo permanente a partir de los 70 años. La caducidad del mismo implicará la obligatoriedad de renovación y el abono de las tasas correspondientes.

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Acuerdos Internacionales.

2011-06-15T16:24:00.001+02:00

Las aspiraciones del ser humano a ser tratado con dignidad, justicia, libertad, igualdad, son antiguas e universales. En muchas ocasiones la parte dogmática de las constituciones son insuficientes para la aplicación de unos derechos fundamentales, pues se tiende a deformarlos y desvirtualos.

A continuación expondremos una serie de principios de protección internacional de los derechos humanos, promulgados por Naciones Unidas y Unión Europea. Dichos, competen a toda la comunidad internacional y nosotros, no vamos a ser menos.

1- Declaración de Filadelfia sobre la OIT (1944)

2- Convención de Roma (1950)

3- Convención sobre los derechos del niño (1959)

4- Carta Social Europea (1961)

5- Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales (1966) [opcional]

6- Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos. (1966)

Volver a legislación.

Legislación de Interés.

2011-06-15T15:56:00.003+02:00

Leyes Orgánicas.

Leyes Ordinarias.

Leyes Marco.

Resoluciones. (Prox)

Órdenes. (Prox)

Reglamentos. (Prox)

Acuerdos. (Prox)

Circulares. (Prox)

Instrucciones. (Prox)

Protocolos. (Prox)

Convenios. (Prox)

Memorandos. (Prox)

Acuerdos internacionales.

Organigramas ministeriales. (Prox)

INICIO.

Próximas modificaciones.

2011-06-01T20:57:00.000+02:00

Próximamente se realizarán una serie de mejoras tendentes a la actualización de la interfaz, tal y cómo ya se ha hecho en otras páginas de HF | El Movimiento Nacional.

Una vez más queremos haceros llegar nuestros más sinceros agradecimientos a todos aquellos que leáis y ayudéis a difundir este blog como futuro de una Nación que no puede defraudar una excelente historia y una envidiable tradición.

Atentamente la dirección.

TITULO II: Del régimen jurídico sindical.

2011-03-19T01:10:00.003+01:00

Artículo 7. Del Estatuto regulador de la OSE.

1. La norma estatutaria contendrá al menos:

a) La denominación de la organización no coincidirá con otra legalmente registrada. El nombre oficial será Organización Sindical Española con las siglas OSE.

b) El domicilio de cada una de las delegaciones, así como el ámbito de actuación de cada delegación.

c) Los requisitos y procedimientos para la adquisición y pérdida de la condición de afiliados, así como el régimen de modificación del estatuto.

d) El régimen económico de la organización que establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos, así como los medios que permitan a los afiliados conocer la situación económica.

2. La oficina pública dará publicidad al depósito en el tablón de anuncios de la misma, en el "Boletín Oficial" correspondiente indicando, al menos, la denominación, el ámbito territorial y funcional, la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución del sindicato. La inserción en los respectivos "Boletines" será dispuesta por la oficina pública en el plazo de diez días y tendrá carácter gratuito.

3. Cualquier persona estará facultada para examinar el estatuto depositado, debiendo además la oficina facilitar a quien así lo solicite, copia autentificada del mismo.

4. El Sindicato adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, desde que el Senado vote esta propuesta de Ley orgánica.

Artículo 8. Responsabilidades. Impago de cuotas. Financiación. Autonomía. Subvención.

1. El Sindicato responderá por los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de sus respectivas competencias.

2. El sindicato no responderá por actos individuales de sus afiliados.

3. Las cuotas sindicales no podrán ser objeto de embargo, pero sí de expulsión inmediata. Existirá un margen de tiempo para abonar la cuota, transcurrido éste, se cancelará el registro del usuario de forma permanente e irreversible.

4. El Sindicato será un órgano Estatal. No poseerá privilegios fiscales.

5. El Sindicato no tendrá significación política y gozará de autonomía.

6. La Organización Sindical Española no recibirá subvención alguna por parte del Estado para su mantenimiento, salvo en lo dispuesto en el Fondo Estatal para conservación de pensiones y retribución al desempleado.

Atrás.

Ley de Tolerancia Religiosa.

2011-03-19T00:55:00.001+01:00

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:

Artículo Primero.

Uno. El Estado garantiza la tolerancia religiosa y la libre práctica de cualquier dogma religioso, reconocida en la Constitución en grado de Derecho Fundamental, de acuerdo con lo prevenido en la Presente Ley Ordinaria.

Dos. Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas.

Tres. La religión católica, apostólica y romana, es la del Estado, sin prejuicio de lo establecido en el apartado uno del presente artículo.

Cuatro. Los tribunales tendrán potestad de prohibir y perseguir cualquier culto, actividad, finalidad y entidad que provoque menoscabo a las personas o colectivo de individuos, así como el de sus bienes, sea cual sea su categoría.

Cinco. Ninguna confesión recibirá financiación del Estado.

Artículo Segundo.

Uno. La Tolerancia dogmática garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda persona a:
Profesar las creencias religiosas que libremente elija; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o abstenerse de declarar sobre ellas.
Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión en los centros habilitados a tal fin por su comunidad; conmemorar sus festividades, siempre y cuando no entren en contradicción con las preestablecidas en el calendario laboral; celebrar sus ritos religiosos; sin discriminación alguna, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.

Recibir e impartir enseñanza o información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el Ordenamiento Jurídico General y lo establecido en la presente Ley Ordinaria.

Dos. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sean en territorio nacional o en el extranjero.

Tres. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en todo establecimiento público de interés.

Artículo Tercero.

Uno. El ejercicio de los derechos dimanantes de la tolerancia religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad coherente y justa.

Dos. Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los religiosos.

Artículo Cuarto.

Los derechos reconocidos en esta Ley ejercitados dentro de los límites que la misma señala, serán tutelados mediante amparo judicial ante los Tribunales Ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en su Ley Ordinaria.

Artículo Quinto.

Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro Público, que se crea, a tal efecto, en la Conferencia Episcopal.

Dos. La inscripción se practicará en virtud de solicitud, acompañada de documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España, expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.

Tres. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosa sólo podrá llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos o en cumplimiento de sentencia judicial firme.

Artículo Sexto.

Uno. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.

Dos. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de sus fines, asociaciones, fundaciones e instituciones con arreglo a las disposiciones del Ordenamiento Jurídico General.

Artículo Séptimo.

En ningún caso, la práctica de un culto religioso implicará la realización de acciones y/o utilización de enseres que contradiga otras libertades reconocidas en las leyes españolas.

Los poderes públicos garantizarán a través de distintas leyes la completa integración del inmigrante que practicase otro dogma dentro de la Sociedad Española.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Queda derogada toda norma que se oponga a la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ley tendrá carácter ordinario.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar este Ley Orgánica

El Jefe del Estado que corresponda.

Leyes ordinarias.

2011-03-16T15:25:00.007+01:00

- De la Tolerancia religiosa.

- Del Derecho de Habeas Corpus.

- De la propiedad horizontal.

Inicio

Reglamentos.

2011-03-15T00:31:00.002+01:00

1.- Reglamento constitutivo de las Cortes Generales.

Inicio.

TÍTULO V: De las relaciones entre los Consejos y las Cortes Generales.

2011-03-04T15:10:00.001+01:00

Responsabilidad política de los consejos.

Artículo 107.

El Consejo de Ministros y la Junta Suprema Central responden solidariamente en su gestión política ante las Cortes Generales.

Derecho de información de las Cámaras.

Artículo 108.

Las Cámara y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen de los distintos consejos, de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las regiones.

El Gobierno en las Cámaras.

Artículo 109.

1. Las Cámara y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros de los distintos consejos.

2. Los miembros de los distintos consejos tienen acceso a las sesiones de la Cámara y a sus Comisiones, poseyendo la facultad de hacerse oír en ellas.

Artículo 110.

Interpelaciones y pregunta.

1. Todos los componentes de las Cortes Generales están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en la Cámara.

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

La cuestión de confianza.

Artículo 111.

1. El Primer Ministro, así como todos los miembros elegidos por los españoles y españolas, previa deliberación ante las Cortes Generales puede plantear ante éstas, la cuestión de confianza sobre su política y/o forma de gestión. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los senadores.

2. Una vez el candidato tenga la confianza de la cámara, se someterá a referéndum esta decisión.

Dimisión de los integrantes en las Cortes Generales.

Artículo 112.

1. Si las Cortes Generales negasen la confianza a cualesquiera de los integrantes de la misma que la hubiera solicitado, éste presentará su dimisión al Jefe del Estado, procediéndose a continuación a la designación del nuevo candidato, según lo dispuesto en la presenta Carta Magna en sus artículos 69, 70 y 71.

2. Si las Cortes Generales adoptan una moción de censura, el afectado presentará su dimisión al Jefe del Estado y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Jefe del Estado lo investirá en el cargo vacante.

3. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura o cualquiera de los Estados reflejados en el artículo 116.

4. No procederá nueva disolución antes de que trascurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Moción de censura. Candidato Alternativo. Votación. Mociones de censura del Jefe del Estado.

Artículo 113.

Las Cortes Generales podrán exigir la responsabilidad política de cualquier miembro del Senado, mediante la adopción por mayoría absoluta de todos los miembros en pleno.

Artículo 114.

La moción de censura puede ser propuesta por cualquier miembro de la cámara por iniciativa popular, donde se deberá presentar un candidato alternativo.

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

Si la moción de censura no fuere aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante los dos períodos de sesiones siguientes.

Artículo 115.

Jefe del Estado tendrá la potestad de presentar dos mociones contra la misma persona en cada período de sesiones con un espacio de tres meses entre la primera y la segunda.

Si se aprobase, se someterá igualmente al refrendo de los ciudadanos.

Derecho excepcional; estados de alarma, excepción y sitio.

Artículo 116.

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Senado por un plazo máximo de quince días, dando cuenta a los ciudadanos de las razones por las que se adopta y determinando el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Senado a través de sesión extraordinaria de urgencia. Tal y como refleja el apartado segundo del presente artículo, deberá de igual modo, darse cuenta a los ciudadanos de la adopción de dicha medida expresando los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Senado. Éste determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Senado mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, Si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados en período de disolución de la cámara, las competencias del Senado serán asumidas por su Consejo Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

Atrás.

Leyes Orgánicas.

2011-03-04T14:52:00.007+01:00

Cuando hablamos de leyes orgánicas, nos referimos a aquellas aprobadas en Cortes por mayoría absoluta y refrendada posteriormente por el pueblo español.

1.- Ley Orgánica del Gobierno.

2.- Código Penal. ¡En elaboración!

3.- Código Civil. (Prox)

4.- Código Penal Militar.

5.- Ley Orgánica de Protección de datos. (Prox)

6.- Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

7.- Ley Orgánica del Consejo del Reino.

8.- Ley de Educación Nacional (LEN) ¡En elaboración!

9.- Ley Orgánica sobre la declaración de los Estados de Emergencia.

10.- Tribunal de Cuentas. (Prox)

11.- Ley Orgánica de extranjería. (Prox)

12.- OSE (Organización Sindical Española) ¡En elaboración!

13.- Defensor del Pueblo.

14.- Derecho de Petición.

15.- Ley del menor. (Prox)

16.- Ley de Jornales. (Prox)

Introducción a la democracia orgánica: Artículos de Interés.

2011-03-04T14:18:00.020+01:00

PRÓLOGO. (Prox.)

Historia.

¿Qué es la Democracia Orgánica?

Competencias del Movimiento Nacional.

El Jefe del Estado. ¡Nuevo!

Base común.

¿Existe la democracia?

Alcaldes por vocación.

Estado confesional.

Sistema penitenciario: Cadena perpetúa y Pena de muerte.

Maltrato animal y leyes relativas. (Prox.)

La Educación en España. (Con el preámbulo y esquema de la LEN)

Fuerzas Armadas.

Empleo y Sociedad.

Inmigración. (Prox.)

Declaración contra la violencia, el racismo y la xenofobia.

Público contra privado. (Prox.)

Financiación de los ayuntamientos.

La banca: Ayuda y beneficio. (Prox.)

La esclavitud en el Siglo XXI.

Ciudadanía y mayoría de edad.

Hecho Funcional. (Prox.)

Esquema de la organización de la Justicia.

Neutralidad y objetividad de la Justicia. (Prox.)

Homosexualidad en España.

El aborto.

Organización del Sindicato Vertical en España.

DNI electrónico. Un paso más.

Sistema financiero. ¡Nuevo!

Atrás.

Próximamente Más...

TITULO PRIMERO: De la organización sindical.

2011-03-04T13:30:00.005+01:00

Artículo 1. Organización. Jurisdicción territorial en materia sindical.

Uno. La Organización Sindical Española será de ámbito Nacional. Poseerá delegaciones en todas las provincias de España, donde tratarán problemas laborales simples.

Dos.- La dirección Nacional la conformará:

a) Un secretario General con representación en las Cortes Generales.

b) Un órgano asesor formado por todos los representantes regionales de las magistraturas.

c) El Instituto Nacional de Empleo (INEM), dividido en el servicio de retribuciones, de demandas y de ofertas.

d) El Tribunal Nacional del Sindicato (TNS)

Tres. Las oficinas provinciales recibirán el nombre de Magistraturas y estarán formadas por todos los gremios que se considere inherentes.

Cuatro La Organización gozará de capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para:

a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal.

b) Regularización y control de todos los sectores laborales.

c) La solución de conflictos de trabajo a nivel nacional a través de delegaciones regionales.

d) Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que se establezcan legalmente.

e) Cualquier otra función representativa que se establezca.

Artículo 2. Del Secretario General.

1. Elegido por los españoles por un período de cinco años reelegible, para defender los intereses inalienables. Tendrá representación en las Cortes Generales donde expondrá los problemas laborales importantes y lesivos para la Justicia Social, de la que será baluarte y fiel defensor.

2. El ejercicio de este cargo, exime del desempeño de toda función ajena que impida la plena implicación del sujeto en sus labores sindicales.

3. A todo aquel que acceda al cargo de Secretario General le será otorgado la excedencia, siendo abonados sus honorarios por el Estado, dentro de las partidas presupuestarias anuales.

Artículo 3. Del órgano asesor.

El órgano asesor estará formado por todos los representantes regionales cuyos términos de mandato son los mismos que para el Secretario General, según lo establecido en el artículo 7.1, 7.2 y 7.3.

Artículo 4. De las Magistraturas y sus gremios.

1. La Magistratura es el órgano sindical básico de atención directa al ciudadano que estará formado por todos los gremios que se determinen a nivel provincial.

2. De entre sus miembros se elegirá un presidente que representará a la provincia en el órgano asesor de la OSE.

3. Las Magistraturas coordinarán los gremios que tengan dentro de sus competencias, observará su funcionamiento democrático y propondrá al Tribunal Nacional del Sindicato todas aquellas sanciones que se pudieran cometer.

4. Los gremios son agrupaciones profesionales con derechos reconocidos en la presente ley y que se verán garantizados por los poderes públicos. Asimismo tienen por función principal el pleno y satisfactorio desarrollo de sus funciones.

Artículo 5 Del Instituto Nacional de Empleo (INEM)

El Instituto Nacional de Empleo (INEM) es el órgano subsidiario de la Organización Sindical que controlará la bolsa de trabajo en España y gestionará las retribuciones que pudieran corresponder a los cotizantes a la Seguridad Social.

Conforme a lo adelantado en el artículo 6.2 c), el INEM estará dividido en:

a) Servicio de retribuciones. Todo español/a que haya cotizado a la Seguridad Social por un tiempo mínimo de un año tendrá derecho a una remuneración por desempleo que irá en proporción a lo aportado durante el desarrollo de su contrato laboral y que tendrá una duración máxima de dos años.

b) Servicio de demanda. Recibirá y gestionará toda la demanda de empleo a nivel Nacional.

c) Servicio de ofertas. Recibirá demandas de trabajo y asociará las ofertas recibidas al candidato más idóneo. Conocerá las ofertas aceptadas y las rechazadas para dar cuenta al servicio de retribuciones a fin de evitar el rehúse continuado y el pago de haberes innecesario.

Artículo 6. Del Tribunal Nacional del Sindicato (TNS)

1. Formado por quince magistrados de reconocida competencia por un tiempo de quince años reelegibles, será el encargado de resolver conflictos laborales en un tiempo no superior a quince días en el peor de los casos.

2. Sus sentencias tendrán carácter firme y no podrá usarse el recurso de alzada ante ningún otro órgano.

Atrás.

Disposiciones de la Organización Sindical Española.

2011-02-28T23:37:00.004+01:00

Disposiciones adicionales.

Primera

1. Duración de Cargos:

- Secretario General de la Organización Sindical Española: 6 años (Cabe reelección)

- Directores regionales de la Organización Sindical Española: 5 años. (Cabe reelección)

- Comisarios contra acciones antisindicales: 5 años (Cabe reelección)

- Abogados representantes de las partes demandantes y contratantes (Empresarios y Productores) 5 años (Cabe reelección)

- Representantes sindicales (por empresa) de los productores: 4 años (Cabe reelección)

- Miembros subsidiarios: Funcionarios del Estado, cargo indefinido.

2. Se creará el Tribunal Nacional del Sindicato (TNS) con Sede en Valencia. Sus características serán:

- Compuesto por tantos jueces como número de provincias en la que se divida España.

- Reuniones plenarias cada dos meses.

- Jueces provinciales elegidos por 6 años.

- Juez Supremo elegido por 9 años. Presidirá el Tribunal y será juez regional de la Capital de provincia que se le asigne.

- Delegaciones en todas las provincias españolas.

- Resolución jurídica de problemas regionales en un tiempo no superior a una semana. Cabe recurso.

- Resolución jurídica de problemas Nacionales y con reunión de todos sus miembros en un período no superior a quince días. No cabe recurso.

Segunda.

1. Existirán Convenios Nacionales que fijarán un sueldo mínimo en las respectivas materias laborales y una serie de objetivos a alcanzar mínimos.

2. Existirán Convenios Regionales que fijarán el sueldo de los trabajadores según las características de la región y del trabajador, así como objetivos laborales particulares.

3. Existirán Convenios Privados para las PYMES, que firmarán todos los trabajadores de una empresa en concreto. Quedarán desestimadas todas las reclamaciones, excepto aquellas que inflijan lo firmado en dicho Convenio, que podrá ser denunciado en Magistratura.

Disposición derogatoria.

- Serán modificadas todas las leyes que tengan como objetivo común la salvaguardia de los bienes del español, en beneficio de éste y conforme a la actualidad, sin romper los ideales de Tradicionalismo, Justicia e Igualdad.

- Por proyecto de Ley serán incorporados al Sindicato Vertical todos aquellas personas jurídicas que hayan sido independientes en su día. (CC.OO., UGT, CNT, CGN, USO, SO, SU, ANPE, STE, STC, ACAIP, CSI- CSIF, ELA, LAB, CIG, SOC, CSI, Intersindical CSC, COS)

Disposiciones finales.

1. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

2. Está ley tendrá carácter orgánico.

Preámbulo de la OSE.

2011-02-28T23:32:00.002+01:00

Siguiendo las antiguas doctrinas y actualizando todo lo que se ha quedado obsoleto, es menester promulgar y aprobar la presente Ley del Sindicado Vertical que tiene por fin la completa y entera defensa del productor y la salvaguardia del empresario ante los abusos que puedan darse en los distintos conflictos laborales que se den tanto, a nivel nacional o regional como, provincial o local.

El Sindicato es el instrumento creado para defender unas razonables reivindicaciones frente a injusticias sociales. Garante, por ende, de la consecución de la Justicia Social. Oponiéndose a la enemistad entre asalariados y propietarios. Una de las características principales que deberá asumir con entera disposición es la garantizar esa Justicia Social a través de la coherencia y el sentido común. Evitando así que se concurra a medios o fines no prescritos en esta ley sancionada por el pueblo español.

Asimismo el Sindicato Vertical se constituye en la institución estatal que elimine una de las deficiencias más importantes de los últimos tiempos: El desempleo.

Dentro de su organización se incluirá el Instituto Nacional de Empleo (INEM), donde se controlará la bolsa de trabajo y se ocupará a todos los desempleados que pudieran surgir, dándoles trabajo dentro de la oferta que haya a nivel Nacional.

También gestionará los sueldos a desempleados que hayan cotizado a la Seguridad Social por tiempo mínimo de un año. Y se asegurará que dejen de percibir la ayuda que pudiera corresponderle a todo aquel que rechazara dos ofertas de empleo en el mismo año. Vigilará que las ofertas de empleo que se generen sean adecuadas tanto al perfil del demandante como para su subsistencia, paralizando los posibles rechazos que pudieran darse.

El INEM conocerá de la demanda de trabajo por parte de extranjeros que, tendrán en cuenta, cuando no haya desempleados españoles/as que pudieran cubrirla. Por ello, El Instituto Cervantes, asumiendo una de sus funciones, elaborará una lista con las demandas extranjeras que remitirá al INEM mensualmente.

El Estado garantizará que la Organización Sindical Española posea delegaciones por todo el territorio Nacional proporcionando cercanía a los afiliados a la organización. Todas las cuotas que se reciban anualmente por parte del afiliado constituirán un fondo que garantice la ayuda al desempleado y las jubilaciones de los españoles/as cotizantes.

Además, todo aquel afiliado que no tenga empleo se verá eximido de pagar su cuota de afiliado por tiempo indefinido hasta que hallare un trabajo.

Con todo esto, y en cumplimiento de lo expuesto, el Estado aprueba y el pueblo español ratifica la siguiente ley;

Atrás.

Ley Orgánica de la Organización Sindical Española.

2011-02-26T13:13:00.011+01:00

Preámbulo. Actualizado 04/03/11

Título Primero: De la organización sindical.

Título Segundo: Del régimen jurídico sindical.

Título Tercero: De la libertad sindical.

Título Cuarto: De la acción sindical.

Título Quinto: De la tutela de la libertad sindical y represión de las conductas antisindicales.

Disposiciones.

Atrás.

Organigrama de la OSE.

2011-02-25T00:21:00.001+01:00

OSE: Organización Sindical Española.

Así comienza nuestra política social y laboral. A través de un órgano subsidiario del Movimiento Nacional pero independiente. Cumplimos así una de las tres partes para alcanzar una democracia orgánica plena. De la familia, el municipio y el sindicato, cogemos esta última como forma para garantizar la participación de la sociedad en los asuntos de Estado.

Aquí os dejamos el enlace... Recibid un cordial saludo.

Administración de HF | El Movimiento Nacional.

Puedes ver más artículos aquí.

Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición.

2011-02-19T18:12:00.002+01:00

CAPÍTULO PRELIMINAR.

Artículo 1. Del derecho de petición.

1. El derecho de petición es facultad y derecho inalienable que corresponde a todos españoles para dirigirse a los Poderes Públicos en solicitud de actos o decisiones sobre materia de su competencia. De su ejercicio no podrá derivarse perjuicio alguno al peticionario, salvo que incurra en delito o falta.

2. Las peticiones deducidas en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Orgánica se tramitarán y decidirán de conformidad a los preceptos de esta Ley.

CAPITULO PRIMERO. Normas generales.

Artículo 2. Peticionarios.

Todos los españoles con la ciudadanía concedida o que sean mayores de edad podrán dirigirse individual o colectivamente a cualquier poder público del Reino de España.

Artículo 3. Fuerzas o institutos armados.

Los miembros de las Fuerzas o institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica, por escrito o conducto reglamentario.

Artículo 4. Escrito de petición.

1. En el escrito en que se deduzca la petición, firmado por el peticionario, debe constar su nombre y domicilio. El escritor no se halla sujeto a ninguna otra formalidad, y estará exento de toda clase de tasas e impuestos.

2. Si de su texto no resultare con claridad la personalidad del peticionario o la petición deducida, la autoridad a que se dirija requerirá al peticionario para que aclare los extremos dudosos.

Artículo 5. Presentación y acuse de recibo del escrito.

1. El escrito en que se deduzca la petición, cualquiera que sea la autoridad a la que se dirija, podrá presentarse en las oficinas habilitadas a tal efecto o las capitales de provincia así como en cualquier ayuntamiento del que se esté empadronado.

2. La autoridad a quien se dirija la petición estará obligada a acusar dicho recibo de la misma.

Artículo 6. Peticiones a organismos no competentes.

1. Cuando se reciba una petición que deba ser objeto de determinado procedimiento administrativo o judicial se comunicará así al peticionario, con expresa indicación del órgano ante el que deba interponerse.

2. Si la autoridad ante la que se deduzca una petición se estimare incompetente para resolverla, la remitirá a la que considere competente y comunicará haberlo hecho al peticionario.

3. Los poderes públicos siempre recogerán la petición, sea o no de su competencia, evitando la menor molestia al ciudadano, cumpliendo así lo reseñado en el apartado segundo de este artículo.

Artículo 7. Peticiones a Órganos colegiados.

Si la petición va dirigida a un Órgano colegiado, su Presidente comunicará a los miembros del mismo, en el plazo de treinta días, el objeto de aquélla y el nombre y domicilio del solicitante.

Artículo 8. Comprobación de los hechos alegados.

Si por la índole de la petición se estimare necesaria la comprobación de los hechos alegados, la autoridad correspondiente ordenará la práctica de los actos de instrucción que juzgue oportunos.

Artículo 9. Peticiones sobre mejoras de servicios e irregularidades administrativas.

1. Las peticiones a que se refieran a la mejora de la estructura, funcionamiento y personal de los servicios administrativos será conocida por las Cortes Generales, el Gobierno y el Jefe del Estado.

2. Si la petición versare sobre la irregularidad o anormalidad en la actuación de cualquier órgano público, se remitirá al Gobierno y al Jefe del Estado.

Artículo 10. Efectos de las peticiones fundadas.

1. Si la petición se estimare fundada, se adoptarán las medidas oportunas, a fin de lograr su plena efectividad.

2. Si tales medidas exigiesen dictar una disposición general, se incoará el procedimiento correspondiente según la jerarquía de la disposición.

3. En cualquier caso deberá comunicarse al interesado la resolución que se adopte.

Artículo 11. Tiempo de respuesta.

Los poderes públicos tendrán un período máximo de treinta días hábiles para contestar las peticiones que se realicen.

Este período será de siete días hábiles cuando se cataloguen como de importancia.

CAPITULO II. De las peticiones según las distintas autoridades.

Artículo 12. Peticiones al Jefe del Estado.

1. Las peticiones dirigidas al Jefe del Estado se remitirán directamente a éste.

2. El Jefe del Estado tendrá un máximo de tres meses para contestar, salvo que esta se considere urgente.

3. Tendrá capacidad de catalogar como importantes la Secretaría de la Jefatura de Estado.

Artículo 13. Peticiones a las Cortes Generales.

1. Las peticiones dirigidas a las Cortes en materias de su competencia serán sometidas por el Presidente a la Comisión Permanente, que decidirá acerca de su pertinencia, y acordará, en su caso, designar una ponencia para que se estudie si procede elaborar una proposición de Ley o formular una pregunta escrita al Gobierno, o, si la importancia del asunto merece, una interpelación oral, a cuyo efecto se designará de su seno al Procurador que hubiere de plantearla.

2. En todo caso el Presidente acusará recibo de la petición al interesado y le comunicará el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de las Cortes.

Artículo 14. Peticiones al Movimiento Nacional.

Las peticiones dirigidas al Movimiento Nacional serán remitidas a la Secretaría que éste dispone, el cual, las remitirá a quien corresponda o vaya dirigida.

Artículo 15. Peticiones a Gobierno en general o a los Ministros en particular.

Las peticiones dirigidas a los Ministros se resolverán por los mismos, previos los asesoramientos que estimen oportunos.

Artículo 16. Peticiones a las demás autoridades.

1. Si la petición va dirigida a cualesquiera de los órganos públicos pertenecientes al Reino de España, éstos la resolverá por sí mismos o, en su caso, la remitirán al órgano competente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Esta Ley tiene carácter orgánico.

Segunda. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tercera. Para la consideración de petición importante se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

a.- Que verse sobre un problema familiar, social o económico de los españoles.

b.- Que tenga trascendencia pública.

c.- Que reúna más de quinientos mil peticionarios.

d.- Que aporte un beneficio social adecuado e inminente.

Homosexualidad en España.

2011-01-05T01:40:00.013+01:00

La homosexualidad es considerada actualmente como una tendencia sexual donde personas del mismo sexo inician una relación sentimental, exaltación máxima de la amistad.

Homosexualidad y Derechos.

Nosotros, como católicos no podemos aceptar que la homosexualidad sea una tendencia sexual, obviando el reconocimiento de los derechos que de ella puedan derivarse. Pero, lo que por un lado puede ser una actitud retrógrada, por otro exigimos un total respeto a este colectivo, ya que, cada uno es libre de hacer lo que guste en su casa, siempre y cuando esas acciones no impliquen un malestar general.

Un homosexual es un ser humano al que le corresponden todos los derechos individuales y colectivos reconocidos, que pueda tener otro sector de nuestra rica Sociedad, sin distinción alguna por su condición.

Es momento de condenar nuestras acciones pasadas, pues de las discriminaciones nunca se puede sacar nada positivo y en claro para una sociedad, donde el trabajo colectivo es el que ayuda al avance y al desarrollo. La persecución no solo no los erradicó, sino que sirvió para demostrar que las segregaciones son socialmente negativas.

Las personas tienen la libertad de poder hacer en su vida aquello que, sin perjudicar a la Sociedad, tenga por gusto.

¿Tendencia o enfermedad?

Uno de los temas que más recorren la vida de nuestra sociedad, sobre todo entre la juventud es el tema de la homosexualidad. Para algunos, como un tema “tabú”, para otros como una cosa normal, y finalmente para otros más, como una situación de repugnancia que debe ser satanizada. Por ello me parece muy oportuno que nos detengamos un poco a revisar este tema a fin de formarnos una opinión correcta de ello.

Lo primero que quisiéramos es distinguir entre la homosexualidad y lo que se llama “amaneramiento”, pues son dos cosas distintas. El amaneramiento es una situación de tipo externo (podríamos decir “estético”); donde el individuo tiende a tomar ciertas posturas y comportamientos que pertenecen al sexo opuesto.

Una conducta que se da cuando las relaciones sociales del individuo son anacrónicas con el entorno que le rodea. Sucede generalmente cuando en la familia hay varios hombres y sólo una mujer o viceversa. Por ejemplo, es común ver que en algunos hogares en donde el padre siempre quiso tener un varón y procreó solo mujeres, es muy factible que a alguna de ellas la vista y la proponga continuamente los juegos y actividades de los hombres. Estas personas son las que normalmente desarrollan la conducta que comentamos y que no desarrollan una atracción sexual hacia el mismo sexo.

Por otro lado tenemos lo que propiamente llamamos homosexualidad la cual "designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo.”

A nuestro juicio pueden darse dos tipos de homosexualidad:

- Aquella que se produce de nacimiento y por causas genéticas.
- O la homosexualidad que se genera. La considerada como una “moda”.

Aquella que proviene por causas genéticas se debe a un fallo cromosómico, a nuestro juicio una enfermedad. Muchos afirman que tiene cura, nosotros no estamos seguros de ello. La mejor medicina es el respeto mutuo.

También puede darse la homosexualidad en personas que por mero vicio, caen víctimas de la lujuria, dejándose llevar y omitir sentimientos esenciales dentro de una relación como el cariño o el amor.

Ilustres médicos como el Doctor Enrique Rojas coincide en esta clasificación. Considera que las causas genéticas no llegan al 2% de los casos, mientras que el resto no deja de ser “modas que son más contagiosas que las infecciones”.

“El lobby Gay” intenta justificar la homosexualidad como preferencia cuando, no deja de ser una amistad llevada al extremo, en el mejor de los casos de la segunda clasificación. Sin embargo, no debemos olvidar que el amor humano exige, cuando se trata de una pareja, una expresión sexual, la cual se ordena a la procreación y a la complementariedad.

En la homosexualidad, no puede existir esta expresión del amor, ya que ninguno de los fines pueden ser alcanzados por una pareja de homosexuales ya que los órganos genitales, con los cuales se expresa esta relación no son, como en el hombre y la mujer, complementarios y necesarios unos de los otros. Esta es una de las razones por las que la Iglesia Católica no da su aprobación como tendencia y que nosotros ratificamos en este artículo. Aunque los sentimientos puedan parecerse, no es lo mismo.

No podemos, pues, aceptar que la homosexualidad sea una PREFERENCIA SEXUAL, como si se tratara de una ELECCIÓN, ya que los sexos no se escogen: somos hombres o mujeres, condición que está radicada en lo más profundo de nuestro SER.

Ahora bien, ya habiendo definido que la homosexualidad es una enfermedad cromosómica, la Iglesia reconoce que para quien padece ésta representa, para la mayoría, una “auténtica prueba”. Por ello invita a sus hijos y todos los hombres de buena voluntad a que acojan con respeto, compasión y delicadeza, a quienes la padecen, evitando todo signo de discriminación injusta” (cf. CatIC 2358).

Una obligación ineludible como sociedad avanzada, y más aún para quienes tienen amigos que padecen esta enfermedad, es la de ayudarlos a sanar; aceptar sin más su estado, como algo normal y natural, promover en ellos su problema y defenderlos de discriminaciones.

Definitivamente, somos personas a veces civilizadas que tienen que convivir los unos con los otros. Y para eso se necesita RESPETO, que hoy en día es lo que falta por un lado y por el otro.

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Título I: De la infracción penal.

2010-12-03T18:13:00.007+01:00

Capítulo I: De los delitos y las faltas.

Capítulo II: De las causas que eximen de la responsabilidad criminal.

Capítulo III: De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal.

Capítulo IV: De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal.

Capítulo V: De la circunstancia mixta de parentesco.

Capítulo VI: Disposiciones Generales.

Libro I:

2010-12-03T17:47:00.005+01:00

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMAS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCION PENAL.

Índice.

Título I: De la Infracción Penal.

Título II: De las personas criminalmente responsables de los delitos y faltas.

Título III: De las penas.

Título IV: De las medidas de seguridad.

Título V: De la responsabilidad civil de los delitos y faltas y de las costas procesales.

Título VI: De las consecuencias accesorias.

Título VII: De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos.

Código Penal.

2010-12-02T19:26:00.008+01:00

Exposición de Motivos. (Prox)

Título Preliminar. (Prox)

Libro I. Disposiciones Generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal.

Libro II. Delitos y sus penas.

Disposición Adicional. (Prox)

Disposiciones Finales. (Prox)

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Nota Informativa: Funcionarios.

2010-11-05T05:15:00.015+01:00

Acerca del empleo de Estado.

Nota: El año en curso está siendo muy convulso, sobre todo con la función pública. A los recortes salariales vienen ideas o proyectos donde no se garantice su derecho de inamovilidad, el cual, le es inherente.

Por ello, vemos necesario realizar una serie de aclaraciones para fijar una postura oficial al respecto.

Entendemos pues que;

- El Estado, dentro de sus competencias, convocará anualmente una oferta pública de empleo atendiendo a la demanda que la Sociedad exija. Única y exclusivamente se podrá acceder a ella por concurso-oposición.

En relación con el párrafo anterior, destacamos que SÓLO habrá empleados públicos que a través de sus propios méritos hayan conseguido una plaza de las que se oferten. Queda descartada la libre designación.

- El Estado, a través de las Cortes Generales, es el único órgano y/o institución competente en materia de empleo público. En modo alguno tendrá competencia el municipio, provincia o región. Serán estos los que demanden la necesidad de plazas públicas para cubrir las necesidades que se presenten.

- Las productividades solo se concederán a los funcionarios que por su labor destaquen de entre el resto. Deberán ser propuestas y a través de de conducto reglamentario llegará a las Cortes Generales. Solo habrá una productividad por provincia.

- Asimismo, el Estado mantendrá una oferta regulada sin masificaciones o ajustes prohibitivos. Un arreglo anual que cubra las jubilaciones y la demanda de personal.

- Se mantendrán regímenes sancionadores exclusivos para el funcionariado.

- En lo referente a los representantes sindicales, es menester, poner en conocimiento que en ningún momento el ejercicio de la defensa de sus iguales le eximirá de sus labores profesionales. Estará vigente, no solo en el ámbito privado, sino en el público.

A medida que vaya surgiendo más propuestas o aclaraciones iremos actualizando la lista.

Un cordial saludo, Adminitración de HF.

El Ejército.

2010-10-18T19:08:00.007+02:00

Nuestro Ejército.

El Ejército es baluarte de la defensa de la Nación, lo que no implica tener unas fuerzas armadas prácticamente esclavizadas y con una formación que ronda la precariedad. Bajo la opinión del Movimiento Nacional, nuestro ejército debe ser mucho menos numeroso, si con ello, conseguimos que los pocos que tengan la suerte de formar parte de la defensa de la Patria, sean hombres y mujeres muy bien instruidos y, si cabe, la envidia de todos los países del mundo.

No se trata de gastar dinero ingente en nuevo armamento, para que una sarta de haraganes pulse un botón. Nuestro ejército siempre tuvo un ingrediente fundamental y no fueron los medios quienes ayudaron en tan grandiosa Empresa, sino la milicia; Aquellas personas que con un sueldo precario y una actitud decidida contribuyeron en grado sumo a derrotar a los enemigos de España.

Principios tan esenciales como tradicionales seguirán vigentes, así la tenacidad, resistencia, abnegación, rigor de la disciplina, disposición combativa, audacia, valor, coraje o desprecio a la muerte serán parte de esos principios, dignos herederos de esas personas que comentábamos, de las que recibimos un legado y, el cual hemos de conservar.

Tener tales conceptos en vigor no implica precariedad de instalaciones y bienestares. El más alto exponente de servicio a la Patria no debe ser objeto de discriminación. Hay que encontrar la síntesis entre las comodidades y el sacrificio. El ejemplo más claro lo tenemos en el cofundador de la Legión, nuestro eterno Caudillo Don Francisco Franco quien en su etapa de legionario dotó de todo lo necesario y deseable a sus soldados, quienes luego les apremiarían con un arrojo en el campo de batalla que les hizo merecedores del lema “Legionarios a luchar, legionarios a morir”, pareja inseparable de la muerte como una de sus canciones recita.

Servicio público.

Las Fuerzas Armadas no solo son gasto en pro de nuestra defensa Nacional, sino que, ellos mismos pueden realizar servicios públicos a todos los españoles/as.

Por ello, si cualquier ciudadano desea el servicio especializado de un militar electricista o mecánico, pueda solicitar y disfrutar de éstos. Por consiguiente, los ingresos que proporcionen estos servicios ayuden al mantenimiento y actualización de esta institución, pilar básico de nuestra Nación.

También es necesario una Institución que salga de sus acuartelamientos para que los desastres naturales sean solo lo que son y no un suceso que marque durante años las vidas de las personas. Personas que auxilien y salven todo aquello que sea posible, que la respuesta a un cataclismo no sea una subvención. Que el factor humano esté allí.

Otro de los servicios que nuestras Fuerzas Armadas están prestando, corresponde al desarrollo de naciones que siguen siendo expropiadas, día a día, por naciones capitalistas y mermadas por extremismos internos. Campañas a favor del desarrollo de naciones que algún día tuvieron algo en común con la sociedad española nos reportará beneficios económicos y prestigio internacional. Eso sí, misiones en el extranjero financiadas exclusivamente por los organismos que las constituyan, sin poner en peligro nuestra financiación nacional.

Por último, suprimir desplazamiento inútiles para absurdas maniobras que solo sirve para gastar betún y balas. Se necesita práctica para acciones belicosas, pero éstas se pueden desarrollar con modos y formas mucho más rentables para el Estado.

Cuatro puntos que hemos considerado como fundamentales de unas Fuerzas Armadas humanas y como ingredientes de un servicio esencial.

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Ciudadanía y Mayoría de Edad.

2010-10-17T14:59:00.003+02:00

Artículo 12 de la Constitución Orgánica.

Se concede la ciudadanía a las personas que han cumplido los objetivos educativos a la edad de dieciocho años marcados por la Ley de Educación Nacional. Todos los españoles son mayores de edad a los veinte años. Una ley orgánica regulará los derechos y deberes de los ciudadanos y los mayores de edad.

Una Nación, País o Patria se hace grande si sus ciudadanos superan los objetivos marcados y se imponen al resto. Una sociedad competente es lo que necesita un país como España para ganar, tanto a nivel nacional (Derechos laborales o beneficios económicos), como a nivel internacional (anteponiendo su producción a empresas ajenas)

Así hemos querido reflejarlo en nuestra Constitución Orgánica. Resultado del estudio exhaustivo realizado a través del desarrollo ideológico de la democracia orgánica.

¿Pero, cómo se consigue esta empresa particular? ¿Cómo se logra una sociedad qué con esfuerzo ayude a su país a ser grande? He ahí el “kit” de la cuestión.

Nosotros no hemos dado con la fuente de la eterna juventud ni encontrado la fórmula que garantice el éxito, pero creemos que a través de las medidas que hemos adoptado en nuestra Carta Magna, sí contribuiremos a hacer realidad el sueño de muchos gobernantes.

Lo que proponemos para conseguir una Sociedad más competitiva es la de incentivar a los que, con su esfuerzo, han logrado superar una serie de objetivos marcados, una serie de derechos que los demás tendrán que esperar unos años más para poder disfrutarlos.

¿Cómo? Muy sencillo. Ciudadanía y mayoría de edad. Nuestra constitución innova y apremia a los españoles/as que cumplan una serie de objetivos reseñados tanto en la Carta Magna o en la LEN (Ley de Educación Nacional) y desarrollados en una ley orgánica, refrendada por los ciudadanos.

Ser ciudadano implica:

- Poder obtener los permisos de las clases B, A1, BTP, etc (Según la actual normativa de tráfico 2010)

- Tener derecho a participar en la vida pública, ejerciendo el derecho al voto (En sus distintas modalidades)

- Tener acceso a lugares o eventos restringidos a personas menores de edad o que carezcan de la ciudadanía.

- Acceso a empleos temporales compatibles con los estudios realizados.

- Potestad para abrir cuentas bancarias o ser titular de contratos de distintas índole (telefonía, tarjetas de débito/crédito y facturas varias)

- Consentimiento para el consumo de bebidas alcohólicas o productos restringidos a menores de 20 años o personas que carezcan de ciudadanía.

- Arrendamiento de vehículos (particulares o comerciales), limitados a 23 años por empresas privadas.

- Potestad de contraer matrimonio por la Santa Iglesia Católica Apostólica y romana, asumiendo los derechos y deberes que de ésta se derivan.

Así cuantos otros se desarrollen a lo largo de la evolución de la democracia orgánica a través de textos articulados como el código Civil con carácter orgánico u otros de menor índole, tales como, reglamentos, órdenes o circulares.

Aunque, como todos sabemos, todo es mejorable.

Formación.

2010-10-07T00:53:00.004+02:00

El libre desarrollo de la persona se consigue a través de medios como son la familia o el colegio. Esa formación deberá esta bajo unos preceptos correctos en todo momento, evitando que la educación dé pie a maleducados o badanas.

Queriendo dar pie a la Ley de Educación Nacional que ya estamos desarrollando en nuestro "despacho ideológico", queremos ofreceros esos preceptos para los más jóvenes de nuestra sociedad.

Formación político-social (Niños)

Formación Familiar y Social (Niñas)

Desde HF, El Movimiento Nacional, recomendamos su lectura.

Atentamente, La dirección.

TÍTULO IV: De los Consejos y de la Administración.

2010-10-01T20:20:00.004+02:00

Composición y estatuto del Consejo de Ministros.

Artículo 98.

1. El Consejo de Ministros se compone del primero de ellos un Vicepresidente y de los Ministros y de los demás miembros que establezca la Ley.

2. El Primer ministro representa la acción del consejo y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Consejo de Ministros no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La Ley regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99.

Una Ley con rango de orgánica regulará todo lo referente al Consejo de Ministros.

Elección de los candidatos a las Carteras Ministeriales. Nombramiento e investidura del Primer Ministro.

Artículo 100.

1. Después de cada renovación de las Cortes Generales, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Consejo de Ministros elegirá de motu propio a su presidente de entre los miembros que le componen, siendo éste denominado Primer Ministro.

2.- Si el Consejo de Ministros no llegase a un acuerdo sobre quien debiera de regir dicha presidencia, será el Jefe del Estado quien, conforme a los Principios Básicos del Movimiento Nacional, decida el candidato, con el voto de calidad que a éste le corresponde.

Cese del Gobierno. Medidas de acción por fallecimiento o invalidez.

Artículo 101.

1. El Gobierno cesa quince días hábiles antes de las elecciones generales, asumiendo el Consejo Permanente las competencias que le corresponda.

2. Si se produjera fallecimiento o invalidez permanente del Primer Ministro, se procederá a la elección de otro de entre los miembros del Consejo de Ministros.

3. En el caso de cualquiera de las situaciones anteriores, dadas en cualquier otro miembro del Consejo, ocupará provisionalmente el cargo el viceministro que seguirá la política del fallecido, hasta la llamada a urnas de los españoles/as en un tiempo no superior de tres meses desde el fallecimiento o invalidez del ministro afectado.

Responsabilidad de los miembros del Gobierno.

Artículo 102

1. La responsabilidad criminal del Primer Ministro y los demás miembros del Consejo de Ministros será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Principios funcionales de la Administración Pública Estatuto de los Funcionarios públicos

Artículo 103.

1. La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, delegación y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

Artículo 104.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Consejo de Ministros, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y organizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Participación de los ciudadanos en la Administración Pública.

Artículo 105.

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Control judicial de la Administración. Indemnización.

Artículo 106.

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El Consejo del Reino.

Artículo 107.

El Consejo del Reino es el supremo órgano asesor del Jefe del Estado y de las Cortes Generales. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

Capítulo Tercero: De los Pactos Internacionales.

2010-08-23T22:16:00.003+02:00

Pactos internacionales.

Artículo 94.

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de Pactos por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos pactos y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Autorización de las Cortes para determinados Pactos internacionales.

Artículo 95.

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de pactos o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

a) Pactos de carácter político o militar.

b) Pactos o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.

c) Pactos o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

d) Pactos o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

e) Pactos que pongan en peligro la Justicia Social y la Democracia Orgánica.

2. Las Cortes Generales serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes pactos o convenios.

3. Se someterá a refrendo los distintos pactos internaciones, no siendo vinculante, le decisión de los ciudadanos con respecto al de las Cortes.

4. Si las votaciones del refrendo y las Cortes se contradijesen, será el Movimiento Nacional, en última instancia quien teniendo en cuenta las dos partes decida consecuentemente sobre este punto.

Control de constitucionalidad de los Pactos; reforma constitucional.

Artículo 96.

1. La celebración de un pacto internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Derogación y denuncia de los pactos y convenios.

Artículo 97

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios pactos o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

2. Para la denuncia de los pactos y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

Capítulo I: De la cámara.

2010-08-23T21:36:00.005+02:00

Cortes Generales: Funciones

Artículo 66.

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por La Junta Suprema Central, El Consejo de Ministros y el Movimiento Nacional.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado; aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Consejo de Ministros y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

4. Sus miembros serán denominados senadores o procuradores en Cortes, independientemente de al consejo, al cual pertenezcan.

Los parlamentarios: prohibición de mandato imperativo. Reunión de las Cámaras.

Artículo 67.

1. Nadie podrá ser miembro de los dos consejos simultáneamente.

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Las Cortes Generales: Junta Suprema Central.

Artículo 68.

La Junta Suprema Central coordina y dirige la política de todas las provincias de España e informa de todo lo concerniente al gobierno central.

1. La Junta Suprema Central estará compuesta por los Presidentes de las Juntas Regionales o Fueros de las provincias que integren el Reino. Elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. Todos sus miembros serán senadores de las Cortes Generales.

3. Sus sueldos estarán regulados en la Ley de jornales (LOJ). Aprobada todos los años en los Presupuestos Generales del Estado.

4. Cada miembro tiene derecho a un voto cada vez que se debata y se supedite a resolución en el Senado.

5. El mandato de los senadores termina cinco años después de su elección o el día de la disolución de la Junta.

6. Los Procuradores en Cortes no podrán ser detenidos sin previa autorización de su Presidente, salvo en caso de flagrante delito. La detención, en este caso, será comunicada al Presidente de las Cortes.

7. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

8. Las elecciones tendrán lugar, como máximo, una semana antes de la terminación del mandato. Los senadores electos deberán ser convocados dentro de los cinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Elección de los miembros de la Junta Suprema Central.

Artículo 69.

Reunidas las distintas Juntas Regionales en Pleno, elegirán como presidente a uno de entre sus miembros.

Las Cortes Generales: Consejo de Ministros.

Artículo 70.

El Consejo de Ministros dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Es el conjunto de personas que se repartirán las carteras ministeriales para el correcto funcionamiento del Estado. Sus características principales son:

A- Junto con la Junta Suprema Central y el Movimiento Nacional, coordinarán los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, reuniéndose con periodicidad en Plenos ordinarios.

B- La duración del cargo es de cuatro años.

C- Habrá tantos miembros como ministerios se crea conveniente poseer.

D- Todos los ministros serán senadores de las Cortes Generales.

E- El Primer Ministro es el presidente del Consejo de Ministros, será elegido de entre sus miembros por mayoría simple por un período de cuatro años, posible de reelección.

F- El concurso- oposición serán un año antes de las elecciones Generales.

G- Estará presente el Jefe del Estado en todos los plenos que así crea necesario o en su defecto los cónsules que le sustituyan.

H- Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.

2- El consejo de Ministros tendrá las siguientes funciones:

- Informar a las Cortes de la emisión de Deuda Pública o la necesidad de contraer crédito.

- Acordar en pleno con las Cortes Generales la aprobación, promulgación y publicación de leyes Orgánicas, leyes ordinarias, proyectos de Ley o Decretos leyes.

- Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.

- Proponer programas, planes, directrices o métodos de actuación vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado, ante las Cortes Generales.

- Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

- Asistir a todas las sesiones, ordinarias o extraordinarias, de las Cortes Generales.

Elección de los ministros. El Gobierno.

Artículo 71.

El sistema tecnocrático del Estado establece que los ministros son elegidos por los españoles y españolas de entre personas con la titulación requerida y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

De los candidatos solo los veinte con mejor titulación universitaria entrarán en las listas abiertas, presentando su programa ante el Movimiento Nacional, para posteriormente, ser refrendados por los españoles, que ejerzan su derecho a voto.

En el caso de tener más de veinte personas con la máxima calificación posible, el Movimiento elegirá a las personas que tengan un programa político más acorde con las necesidades sociales y políticas del momento.

Asimismo, el Movimiento Nacional velará por la conservación de los principios tradicionales y consuetudinarios del Estado.

El candidato elegido tomará posesión con su equipo y será nombrado por el Jefe del Estado.

Artículo 72.

1. El Gobierno se compone del Primer Ministro, un Vicepresidente y de todos los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Primer Ministro dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

5. Sus sueldos estarán regulados en la Ley de jornales (LOJ). Aprobada todos los años en los Presupuestos Generales del Estado.

Incompatibilidades e inelegibilidades.

Artículo 73.

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los senadores, que comprenderán en todo caso:

a) A los componentes del Tribunal Constitucional.

b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.

c) El Defensor del Pueblo.

d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Inviolabilidad e inmunidad parlamentarias. Fuero especial.

Artículo 74.

1. Los Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando no se viole los establecidos en la presente en la Carta.

2. Durante el período de su mandato los Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra los Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Autonomía presupuestaria, organizativa y reglamentaria de las Cortes Generales.

Artículo 75.

Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

Sesiones ordinaria y extraordinaria.

Artículo 76.

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, del quince de septiembre al quince diciembre, y el segundo, del diez de enero al treinta y uno de junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, del Movimiento Nacional, de la Consejo Permanente, de la Junta Suprema Central o de la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes Generales. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

El Pleno y las Comisiones de las Cámaras.

Artículo 77.

1. Las Cortes funcionarán en Pleno y por Comisiones.

2. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Comisiones de investigación.

Artículo 78.

1. Las Cortes Generales podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de la Cámara. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Peticiones individuales y colectivas de las Cámaras.

Artículo 79.

1. Las Cortes pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

2. Las Cortes atenderán dichas peticiones y las remitirán a quien corresponda. Dando solución y levantando acta de las mismas.

Consejo Permanente.

Artículo 80.

1. Las Cortes Generales dispondrán de un Consejo Permanente compuesto por veinte miembros más el presidente, qué representarán a los consejos cuando éstos hayan acabado las sesiones ordinarias, no tengan extraordinarios o por algún otro impedimento ajeno a la voluntad de las Cortes Generales.

2. El Consejo Permanente estará presidido por el Jefe de Estado o sus sustitutos.

3. Elegidos por el Jefe del Estado por un período de veinte años. El Jefe del Estado nombra, cesa y sanciona a los miembros.

4. Reunidas las Cortes Generales, el Consejo Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Acuerdos de las Cámaras.

Artículo 81.

1. Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de sus miembros.

2. Dichos acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de la mayoría especiales que establezca la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Publicidad de las sesiones.

Artículo 82.

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

Atrás.

Título Tercero: De las Cortes Generales.

2010-08-23T21:31:00.007+02:00

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Capítulo Primero: De la cámara.

Capítulo Segundo: De la elaboración de las leyes. (Prox.)

Capítulo Tercero: De los Pactos Internacionales.

Preámbulo.

2010-08-23T20:46:00.002+02:00

La Educación es uno de los pilares básicos para la formación de una Sociedad justa, humilde y formada. Es por ello que, con La Ley de Educación Nacional se pretende eliminar toda deficiencia educativa que el sistema ha tenido a lo largo de los últimos años.

Mucho se ha avanzado para conseguir una educación idónea y que diese una representación merecida a nuestra Patria a nivel internacional. Las anteriores leyes educativas fueron eliminando deficiencias que se iban presentando, pero nunca llegaron a conseguir un éxito rotundo.

Por eso, ya desde los tiempos de Grecia y Roma, los niños eran instruidos en una serie de dogmas básicos para el libre desarrollo y el libre pensamiento.

Siguiendo pues, las tradiciones clásicas, es menester de esta ley dar a todos los españoles/as la posibilidad de acceder a una educación digna y objetiva.

Como consecuencia del libre acceso a la educación es necesario hacerla totalmente gratuita, sin renunciar a la calidad y profesionalidad de los educadores. Por ende, queremos fomentar personas con vocación en la labor que realizan para poder llegar mejor al alumno, fomentando la una relación más estrecha, casi familiar entre el profesor y el estudiante. Un premio que hace tiempo se nos viene negando.

Una vez planteadas las cuestiones de calidad, gratuidad y objetividad, es imprescindible promover actitudes sociales de diversa índole. Por ello, no se creará una educación estratificada socialmente y no se implantará un modelo educativo acorde con una ideología política. Nuestro Estado no entiende de ideologías, pero sí de ideas y la idea que tenemos de España la aplicaremos a la educación de los ciudadanos de nuestra Patria.

España es el resultado de una reconquista contra el invasor árabe y gracias a ello disfrutamos de una herencia cultural e histórica envidiable. Siglos de duras contiendas y de guerras fratricidas, han conseguido fermentar y dar origen al germen español, para finalmente implantar un modelo de estado moderno, fomentado por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando.

Como consecuencia de ello, en esta ley no podemos prescindir de nuestra tradición cristiana, haciendo conocer los principios de la moral católica y por consiguiente, las enseñanzas de Jesús de Nazaret, para poder así erigir futuros adultos ecuánimes y entusiastas.

No hay que olvidar que se continuará trabajando para lograr, año tras año, la total escolarización de todos los españoles.

Es esencial que en todas las aulas, de todas las enseñanzas, los preceptos del profesor sean transmitidos perfectamente al alumno, por lo que, las clases serán poco numerosas para poder desarrollar en ellas mayor confianza a la hora de impartir las clases.

Para garantizar un aprendizaje idóneo y paliar el fracaso escolar, el Estado como protector de sus ciudadanos, garantizará la creación de Internados para que aquellos alumnos que sean un obstáculo en la formación del resto de compañeros, reciban una educación individualizada, dedicada en exclusiva a mitigar su mala conducta. Dichos internados están regulados en dicha ley.

Finalmente, La Ley de Educación Nacional está dispuesta a recuperar la legítima autoridad del Estado en esta parcela. Por lo que, todo lo relativo a la educación y su desarrollo, estará estrictamente dirigido desde el Estado y el ministro de educación en representación del gobierno en el poder, obviando cualquier delegación en esta materia que provoque deficiencias o diferencias en la calidad de enseñanza.

Conforme a todo lo expuesto en el preámbulo, el pueblo español y en su nombre el Senado ratifica la siguiente Ley Nacional de Educación:

Atrás.

LEN (Ley de Educación Nacional.)

2010-08-23T20:44:00.005+02:00

Preámbulo.

Título Preliminar.

Título Primero

Título Segundo.

Atrás.

(En elaboración)

Ley de Bases de los ayuntamientos.

2010-08-19T17:12:00.006+02:00

A continuación os presentamos el índice de esta ley marco que viene a solucionar ciertas deficiencias locales como el tremendo endeudamiento que los ayuntamientos han contraído a lo largo de la historia de la democracia parlamentaria. Esperamos que con estas ideas, ayudemos a mejorar nuestra Patria, pues es el fin para dar mejor vida a todos los españoles/as.

Preámbulo. (Prox)

Título Primero: Disposiciones Generales. (Prox)

Título Segundo: El Municipio. (Prox)

Título Tercero: La Provincia. (Prox)

Título Cuarto: Otras Entidades Locales. (Prox)

Título Quinto: Disposiciones Generales a las Entidades Locales. (Prox)

Título Sexto: Bienes, actividades, servicios y contratación. (Prox)

Título Séptimo: Personal al servicio de las Entidades Locales. (Prox)

Título Octavo: Haciendas Locales. (Prox)

Título Noveno: Organizaciones para la cooperación entre las Administraciones Públicas en materia de Administración Local. (Prox)

Título Décimo: Régimen de organización de los municipios de gran población. (Prox)

Título Décimo primero: Tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias. (Prox)

Disposición Derogatoria. (Prox)

Disposiciones Transitorias. (Prox)

Disposiciones Finales. (Prox)

Leyes Marco.

2010-08-19T16:57:00.003+02:00

1.- Ley de Bases de los ayuntamientos españoles.

Inicio.

Preámbulo y Esquema de la LEN.

2010-08-13T02:10:00.001+02:00

La Ley de Educación Nacional ha empezado a gestarse dentro de la democracia orgánica. Tenemos una idea clara: Competitividad. Tenemos un objetivo simple y directo: Acabar con el fracaso escolar.

A través del texto de iniciación que os mostramos, os daremos algunas directrices de esta Ley singular.

¿Estudiar hasta los 19? ¿Ingresar en un internado por no aprobar o incordiar a los compañeros?¿Máximo 4 exámenes por mes? ¡Novedades!

Puede gustar o no, peor nos hemos propuesto que el profesor sea una autoridad y que el alumno sea un aprendiz válido y con ganas de absorber toda la información que pueda...

Os lo dejo a vuestro juicio....

Un saludo...

TÍTULO VII: Economía y Hacienda.

2010-08-11T01:38:00.002+02:00

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Función pública de la riqueza Iniciativa económica pública.

Artículo 128.

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Participación en la empresa y en los organismos públicos. Cooperativas.

Artículo 129.

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Desarrollo del sector económico.

Artículo 130.

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

3. Los distintos gobiernos deberán evitar la dependencia económica de sectores laborales únicos impidiendo la dependencia de España de un solo sector económico, evadiendo crisis nacionales a raíz de crisis sectoriales.

Planificación de la actividad económica.

Artículo 131.

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Consejo de ministros elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por la Junta Suprema Central y el asesoramiento y colaboración de la Organización Sindical y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Bienes de dominio público. Patrimonio del Estado y Patrimonio Nacional.

Artículo 132.

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Potestad tributaria: Reserva de ley.

Artículo 133.

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

2. Las Juntas Supremas regionales y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Los Presupuestos Generales del Estado

Artículo 134.

1. Corresponde al Consejo de Ministros y a la Junta Suprema Central la elaboración, enmienda y examen de los Presupuestos Generales, así como, al Jefe del Estado su revisión y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Consejo de Ministros y a la Junta Suprema Central deberán presentar ante el Senado los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Consejo de Ministros o la Junta Suprema Central podrán presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Senado par su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

8. La política de gasto será austera siempre que haya déficit en las arcas Nacionales.

Deuda Pública.

Artículo 135.

1. El Consejo de Ministros habrá de estar autorizado por el Senado para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El Tribunal de Cuentas. Jurisdicción. Miembros.

Artículo 136.

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Título Sexto: Del Poder Judicial.

2010-08-07T14:39:00.002+02:00

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Artículo 117.

Poder Judicial. Inamovilidad. Exclusividad e integridad. Unidad.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Jefe del Estado por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional, mediante la correcta jerarquización, es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Obligatoriedad de las resoluciones.

Artículo 118.

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Gratuidad de la justicia.

Artículo 119.

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Publicidad, oralidad y motivación de las actuaciones judiciales.

Artículo 120.

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Artículo 121.

Indemnización por errores judiciales.

1. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

2. Si los daños se causaren a sabiendas, recaerá responsabilidad sobre el autor/es de los susodichos.

Juzgados y Tribunales. Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Audiencia Nacional.

Artículo 122.

1. La ley orgánica del Poder Judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, cada uno de los magistrados de la Sala de la Audiencia Nacional y el Presidente del Tribunal Supremo. Qué serán nombrados por el Rey hasta que expire su mandato al frente de los tribunales respectivos. Todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

4. El presidente del Consejo General del Poder Judicial será elegido de entre sus miembros y nombrado por el Rey.

El Tribunal Supremo. Miembros y Presidente.

Artículo 123.

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. Estará compuesto de un presidente y un número determinado de juristas, presidentes de las respectivas salas establecidas, nombrados por el Rey, previa sufragio de los españoles.

3. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, elegido de entre sus miembros.

La Fiscalía.

Artículo 124.

1. El Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a instancia de parte, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

El Fiscal General del Estado.

El Fiscal General del Estado será elegido por los españoles, entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y será nombrado por el Rey.

El Jurado, Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 125.

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Policía Judicial.

Artículo 126.

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Asociación profesional de Jueces, Magistrados y Fiscales Incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial.

Artículo 127.

1. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer al Movimiento Nacional o a la Organización Sindical. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

Título Segundo: De la Jefatura de Estado.

2010-08-06T18:15:00.001+02:00

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El Rey, Jefe del Estado. Funciones regias.

Artículo 56.

1. El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo, así como de la continuidad del Estado; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y está sometido al Estado de derecho.

Sucesión en la Corona. El Príncipe heredero. Exclusión de la sucesión. Abdicaciones y renuncias.

Artículo 57.

1. La Corona de España carece de criterio hereditario.

Por ello y para evitar viables crisis dinásticas, la sucesión en el Trono seguirá la tradición de nombrar al sucesor más capacitado, sin que pueda prevalecer el criterio hereditario. La elección de sucesor será consensuada entre Jefe del Estado, al cual deba suceder, el Consejo del Reino y las Cortes Generales.

2. El Príncipe heredero, desde que se produzca el hecho que origine al llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el Trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

4. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Rey o Reina consorte.

Artículo 58.

Los Consortes no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

La Regencia

Artículo 59.

1. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia Heredero de la Corona.

Si no hubiese sido proclamado ningún heredero a la corona, porque la inhabilitación fuere inesperada, se seguirá el criterio hereditario, salvo que el anterior monarca no dispusiera de descendencia o que así lo expresare anteriormente.

En dicho caso las Cortes elegirán al hombre más apto en cumplimiento de su función legislativa, donde se exigirán todos los requisitos para ejercer las funciones de Rey de España, reflejados en una Ley Orgánica.

2. Cuando el Heredero fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, a propuesta del Consejo del Reino, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Tutela del Rey

Artículo 60.

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación pública o política.

Artículo 61.

Proclamación y juramento del Rey y del Príncipe heredero.

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento ante la Biblia y la bandera de España de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar cada derecho de los españoles.

2. El heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad a la unidad, grandeza y libertad de España, así como también al Rey.

Funciones del Jefe del Estado.

Artículo 62.

Corresponde concretamente al Jefe del Estado:

a) Sancionar y Promulgar las leyes aprobadas por las Cortes Generales.

b) Convocar las Cortes con arreglo a la Ley, así como presidirlas en la sesión de apertura de cada legislatura y dirigirles, de acuerdo con el Gobierno, el discurso inaugural y otros mensajes.

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

d) Convocar y presidir el Consejo de Ministros y la Junta Suprema Central cuando asista a sus reuniones.

e) Presidir, si lo estima oportuno, las deliberaciones del Consejo del Reino y de Consejo Nacional, siempre que las de aquél no afecten a su persona o a la de los herederos de la Corona. En ningún caso las votaciones se realizarán en presencia del Jefe del Estado.

f) Pedir dictamen y asesoramiento al Consejo del Reino.

g) Elegir a los miembros del Consejo del Reino.

h) Elegir a su sucesor, de forma consensuada conforme a lo establecido en el artículo 57 apartado 1.

i) Velar por el la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior

j) Conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

k) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

l) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

m) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63.

1. El Jefe del Estado autoriza a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

3. Al Rey corresponde, previa consulta de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Abdicación voluntaria.

Artículo 64.

Cualquier soberano que reinare en España podrá elegir el momento que desee para cesar en sus funciones por motivos de edad, enfermedad o cansancio personal. Siempre que sea voluntaria, será irrevocable. Para la abdicación voluntaria se exigirá:

a) Haber sido elegido consensuadamente el sucesor y heredero al Trono.

b) Pensión que deba percibir.

c) Lugar de retiro.

d) Auxilio al Heredero de la Corona durante un año, para la adaptación al cargo. Excepto en los casos de enfermedad grave.

La Casa del Rey

Artículo 65.

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. Dicha cantidad será publicada anualmente en el BOE.

2. El Rey no dará cuentas de las distintas inversiones del Capital que recibe anualmente.

3. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

Capítulo Tercero: De los principios rectores de la política social y económica.

2010-08-04T22:11:00.001+02:00

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Protección a la familia y a la infancia. Igualdad de los hijos y protección de la madre.

Artículo 39.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la Familia.

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Redistribución de la renta. Pleno empleo. Formación profesional. Jornada y descanso laboral.

Artículo 40.

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política de pleno empleo que garantice la formación continua y readaptación profesional; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas, la promoción de centros adecuados y acceso a centros sanitarios mutualistas en caso de accidente.

Régimen público de la Seguridad Social.

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Derechos de los emigrantes

Artículo 42.

El Estado velará por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero, y orientará su política hacia su retorno.

Protección de la salud Fomento del deporte

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Derecho a la cultura

Artículo 44.

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Medio ambiente. Calidad de vida.

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Conservación del patrimonio artístico.

Artículo 46.

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España y de los bienes que la integren, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Derecho a la vivienda. Utilización del suelo.

Artículo 47.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y facilitando ayuda de protección oficial en los presupuestos generales.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Participación de la juventud.

Artículo 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo, social, económica y cultural.

Protección de los minusválidos.

Artículo 49.

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Tercera edad.

Artículo 50.

1. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

2. Existirá un fondo de pensiones nacional que asegurará la autosuficiencia de los cobros a realizar en tiempos de insuficiencia económica.

Defensa de los consumidores. Comercio interior.

Artículo 51.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Organizaciones profesionales

Artículo 52.

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Capítulo Cuarto: De las Garantías de las libertades y derechos fundamentales.

2010-08-04T22:01:00.001+02:00

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Garantías de los derechos y libertades. Recurso de amparo.

Artículo 53.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo catorce y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

El Defensor del Pueblo.

Artículo 54.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por los españoles para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, que le son inherentes. A cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

Capítulo Quinto: De la suspensión de derechos y libertades.

2010-08-04T21:56:00.001+02:00

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Suspensión de derechos y libertades (Estados de excepción y de sitio) Suspensión individual.

Artículo 55.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17 y 18, apartados 2 y 3, artículo 19 y artículo 20, apartado 1, a; artículos 21 apartado 2 y artículo 37; , podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de Excepción o de Sitio en los términos previstos en la Constitución.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control de las Cortes, los derechos reconocidos en los artículos 17; apartado 2, y 18; apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Capítulo II: Derechos y libertades.

2010-08-03T15:46:00.001+02:00

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Igualdad ante la ley.

Artículo 14.

1. Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. La presente Constitución reconoce el hecho funcional, por el cual, cada género tendrá unas funciones determinadas dentro de la sociedad. El hecho funcional puede anularse si existiese una causa justificada.

SECCIÓN 1ª: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

Derecho a la vida y a la integridad física y moral.

Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra o un juez en caso de terrorismo.

Asimismo se considera inconstitucional el aborto, salvo en los casos de fuerza mayor.

Tolerancia religiosa e ideológica.

Artículo 16.

1. Se garantiza la tolerancia religiosa, de culto e ideológica de los individuos y las comunidades. Se concede el grado máximo de libertad a todos los españoles que le Ley así refleje.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. La religión católica, apostólica y romana, es la del Estado. Nadie será discriminado por practicar un dogma distinto, salvo que no entre en contradicción con lo establecido por la moral cristiana. Una ley orgánica establecerá los casos en las que otras personas podrán ejercer su culto.

Derecho a la libertad personal. Asistencia letrada al detenido. Habeas corpus.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstas en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de seis días hábiles, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En caso de terrorismo el plazo máximo se ampliará por un máximo no superior a dos semanas.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de letrado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de Habeas Corpus, para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Derecho al honor y a la intimidad personal. Inviolabilidad del domicilio. Secreto de las comunicaciones.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, salvo en los casos de personas que vendan información privada a los Medios de Comunicación.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

5. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vigilarán que se cumpla la legalidad en Internet, interviniendo los datos personales en caso de resolución judicial o fragante delito.

Libertad de residencia y circulación.

Artículo 19.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Libertad de expresión. Prohibición de censura previa. Límites.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, salvo en los casos en que:

- Se entrare en contradicción con el artículo dieciocho, apartado 1, del presente título.

- Se incitase al desorden público.

- Se hiciese manifiesta oposición al Jefe del Estado y a España.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

e) A criticar constructivamente cualquier acción u omisión por parte del Gobierno de España. Todas aquellas que quieran producir mofa o vejación, serán un delito tipificado en el Código Penal.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control gubernamental de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y, respetando el pluralismo de la sociedad.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo en virtud de resolución judicial, podrán ser procesados aquellos que vulneren las leyes de convivencia pacífica.

Artículo 21.

Derecho de reunión y manifestación.

1. Se reconocen el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se necesitará autorización previa de la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes.

Derecho de asociación.

Artículo 22.

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Derecho de participación. Acceso a cargos públicos.

Artículo 23.

1. Los españoles mayores de edad tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Tutela judicial efectiva. Derecho a la defensa.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Principio de legalidad sancionador. Derechos de los reclusos.

Artículo 25.

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad podrán estar orientadas al castigo y arrepentimiento del individuo procesado o a su reeducación y reinserción social, dependiendo del tipo de delito.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.

Una vez cumplida su pena y asegurado su reeducación o arrepentimiento, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. El código Penal regulará las penas de todos los delitos comprendidos en éste.

4. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Prohibición de los Tribunales de Honor.

Artículo 26.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Libertad de enseñanza. Derecho a la educación. Autonomía universitaria.

Artículo 27.

1. Los españoles tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza, salvo en los casos de adoctrinamiento político.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, formación rígida de los saberes y desarrollo político en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. La asignatura de religión estudiará todas las religiones del mundo y profundizará en éstas, inculcando una cultura general básica.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Libertad de sindicación. Derecho al Procedimiento del “Labor Iustus”.

Artículo 28.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.

La libertad sindical comprende el derecho a afiliarse y a participar en el mismo. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho de “Labor Iustus” en defensa de un trabajo justo, bien remunerado, agradable y legal. La ley regulará la formación del Sindicato Vertical y formas de actuación de productores y patrones.

Derecho de petición

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica, por escrito o conducto reglamentario.

SECCIÓN 2º: De los derechos y deberes de los ciudadanos.

Defensa de España. Obligaciones militares de los españoles. Objeción de conciencia

Artículo 30.

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Justicia tributaria. Eficacia y economía en el gasto público.

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Derecho a contraer matrimonio.

Artículo 32.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

2. El código Civil regulará, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges y la nulidad matrimonial.

Derecho a la propiedad y a la herencia.

Artículo 33.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Derecho de fundación.

Artículo 34.

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Derecho al trabajo. Deber de trabajar.

Artículo 35.

1. El trabajo es el más ineludible de los deberes. Los españoles tienen derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

3. Todo trabajador tendrá los Principios del Fuero del Trabajo para guiarse.

Gremios o Colegios Profesionales.

Artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Convenios Colectivos. Conflictos laborales.

Artículo 37.

1. La ley garantizará el derecho a la formación de convenios entre distintas empresas del sector privado, oído la Organización Sindical Española. La negociación colectiva laboral, se realizará en las oficinas del Sindicato Vertical entre el delegado sindical que represente a las empresas –elegido por los trabajadores- firmantes del convenio y el representante de los patrones, así como la fuerza vinculante de los convenios.

2. Los conflictos laborales los solucionará la Organización Sindical Española en el tiempo reflejado en la Ley orgánica del mismo nombre.

Libertad de empresa. Economía de mercado.

Artículo 38.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Capítulo I: De los españoles y extranjeros.

2010-08-03T15:33:00.001+02:00

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Nacionalidad.

Artículo 11.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países hispanoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Ciudadanía: 18 años. Mayoría de edad: 20 años.

Artículo 12.

Se concede la ciudadanía a las personas que han cumplido los objetivos educativos a la edad de dieciocho años marcados por la Ley de Educación Nacional. Todos los españoles son mayores de edad a los veinte años. Una ley orgánica regulará los derechos y deberes de los ciudadanos y los mayores de edad.

Derechos de los extranjeros. Extradición. Derecho de asilo.

Artículo 13.

1. Los extranjeros nacionalizados gozarán en España de las libertades públicas que garantizan el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales.

2010-08-03T15:05:00.002+02:00

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Fundamento del Sistema.

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la Justicia social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad al criterio hermenéutico general, reflejado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Capítulo Primero: De los españoles y los extranjeros.

Capítulo Segundo: Derechos y libertades.

Capítulo Tercero: De los principios rectores de la política social y económica.

Capítulo Cuarto: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

Capítulo Quinto: De la suspensión de derechos y libertades.

Título Noveno: Del Tribunal Constitucional.

2010-08-03T14:59:00.001+02:00

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Tribunal Constitucional. Miembros. Incompatibilidades. Independencia e inamovilidad.

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros elegidos por los españoles y nombrados por el Rey

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en asociaciones o en el Sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En los demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Presidente del Tribunal Constitucional.

Artículo 160.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Competencias del Tribunal Constitucional.

Artículo 161.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a éste, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2 de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

Recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

Artículo 162.

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Jefe de Estado, primer ministro, ochenta por ciento del Senado, el Defensor del Pueblo, los órganos colegiados y por el Consejo permanente.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Cuestión de inconstitucionalidad.

Artículo 163.

Cuando un órgano judicial considera, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Sentencias del Tribunal Constitucional.

Artículo 164.

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere.

Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Funcionamiento y estatuto de sus miembros.

Artículo 165.

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

Título Décimo: De la Reforma Constitucional.

2010-08-03T11:11:00.001+02:00

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Reforma constitucional.

Artículo 166.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Reforma ordinaria

Artículo 167.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una comisión formada por el Jefe de Estado, una mayoría de tres quintos del Senado, el Consejo del Reino, el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

2. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

3. Si los españoles y españolas no refrendasen el proyecto, se les dará la oportunidad de señalar los artículos modificados que no compartan, para su estudio y nueva ratificación.

Revisión de la Constitución.

Artículo 168.

Cada quince años se hará una revisión total de la Constitución y si fuese necesario se procederá a lo indicado en el artículo 167 de la presente Constitución.

Artículo 169.

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

Disposición Final.

2010-08-03T11:10:00.002+02:00

Entrada en Vigor

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

Por tanto, mando a todos los españoles y españolas, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta constitución como norma fundamental del Estado y como fruto de nuestra historia.

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Disposición Derogatoria

2010-08-03T11:08:00.001+02:00

Derogación de las Leyes anteriores

1. Queda derogada la Constitución sancionada el 27 de diciembre de 1978.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

Estatutos de autonomía.

Quedan derogados todos los estatutos de autonomía, quedando las provincias de España sujetas a lo establecido en esta Constitución, así como también a reglamentos, ordenanzas o disposiciones adicionales individuales de cada territorio que conforman nuestra Nación.

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Disposiciones Transitorias.

2010-08-03T11:05:00.001+02:00

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Queda disuelta la Junta Nacional Franquista, sus miembros pasarán a formar parte del Consejo del Reino y se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica pertinente.

Comunidad Foral de Navarra

Conservará su nombre oficial de Comunidad Foral de Navarra, por su tradición histórica.

Principado de Asturias

Su nombre oficial será Principado de Asturias, acorde con lo establecido en 1388.

Ceuta, Melilla y Archipiélagos.

Las ciudades de Ceuta y Melilla, así como los respectivos archipiélagos fuera de la península podrán constituir Juntas Supremas Regionales, de acuerdo con lo establecido en este escrito y tener la misma representación en el Senado que cualquier provincia de la Península.

Las Cortes después de aprobarse la Constitución.

1. La Cámara que ha aprobado la presente Constitución asumirá, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan acerca de las Cortes, sin que su mandato se extienda más de dos años hasta la disolución de las mismas y elección de otras nuevas de forma democrática, conforme a lo establecido en esta Constitución.

2. El período establecido de dos años servirá para la estructuración del nuevo régimen político.

Elección del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional será elegido por los españoles, en virtud de lo establecido la presente Constitución, en un plazo no superior a tres meses desde la publicación de dicha Carta Magna.

Disposición Adicional.

2010-08-03T10:35:00.000+02:00

Derechos históricos.

La Constitución reconoce y acepta todos los acontecimientos históricos, y niega cualquier derecho u obligación al revanchismo de cualquier bando constituido a lo largo de nuestra historia. Asimismo el Estado y los sucesivos gobiernos se comprometen al estudio imparcial de nuestra historia y a la conservación de toda ella. Todos los españoles tendrán acceso a esta información y se facilitarán medios telemáticos o en formato papel, según convenga al interesado.

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Título Preliminar.

2010-08-03T10:29:00.001+02:00

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Estado social y democrático de Derecho. Valores superiores. Soberanía popular. Monarquía Tradicional.

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico de libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. El Estado español, constituido en Reino, es la suprema institución de la comunidad nacional.

Unidad de la Nación.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, Patria común e indivisible de todos los españoles.

Pluralismo lingüístico.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Otras lenguas estarán legalmente reconocidas en todo el ámbito Nacional y serán de especial protección cultural.

3. Por la presente constitución, corresponde a los poderes públicos el uso y promoción de la lengua castellana.

La bandera de España y las de las Provincias.

Artículo 4.

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los Estatutos provinciales podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Provincias de España. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

3. La Bandera Española se exhibirá obligatoriamente, situándose la susodicha en una escala superior a las demás, cuya distancia no será menor de cincuenta centímetros y superior al metro y medio.

4. El Escudo español estará regulado por Ley ordinaria.

Madrid, capital del Estado.

Artículo 5.

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Junta Suprema Central y Consejo de Ministros.

Artículo 6.

La voluntad popular estará representada por dos consejos nacionales, integradas en las Cortes Generales. Instrumento fundamental para la participación de los españoles en la política de la Nación. Sus estructuras internas y funcionamientos serán democráticos, no vulnerarán esta Carta Magna y estarán supervisados por el Movimiento Nacional. Una ley orgánica regulará la estructura y funcionamiento de ambos.

Organización Sindical Española.

Artículo 7.

Los productores o trabajadores, así como patrones o empresarios, estarán defendidos en el ejercicio de sus funciones por la Organización Sindical Española, evitando cualquier tipo de abuso o chantaje. Constituirá la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Una ley orgánica regulará la estructura y funcionamiento del Sindicato Vertical.

Fuerzas Armadas.

Artículo 8.

1. Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Nación, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Valor normativo de la Constitución. Libertad e igualdad: reales y efectivas. Seguridad jurídica.

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Preámbulo.

2010-08-03T10:26:00.003+02:00

Volver.

En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

- Consolidar un Estado de Derecho que asegure el designio providencial en defensa del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

- Proteger a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos, su cultura y tradición, lengua e instituciones.

- Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

- Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida y el amparo de los derechos de la persona, de la familia y de la sociedad

- La salvaguardia del patrimonio espiritual y material de los españoles/as.

- Establecer una sociedad democrática y orgánica avanzada y patriótica.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución:

Título Preliminar.

Constitución Orgánica.

2010-08-03T10:14:00.007+02:00

El Jefe del Estado, por la gracia de Dios, monarca tradicional de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que: en reunión y en acuerdo, las Cortes Generales han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente constitución:

Preámbulo.

Título Preliminar.

Título Primero: De los derechos y deberes fundamentales.

Título Segundo: De la Jefatura de Estado.

Título Tercero: De Las Cortes Generales. (Actualizada 23-08-10)

Título Cuarto: De los Consejos y de la Administración. (01-10-10)

Título Quinto: De las relaciones entre los Consejos y las Cortes Generales. (03-03-11)

Título Sexto: Del Poder Judicial. (Actualizada 11-08-10)

Título Séptimo: Economía y Hacienda. (Actualizada 11-08-10)

Título Octavo: De la organización territorial del Estado.

Título Noveno: Del Tribunal Constitucional.

Título Décimo: De la reforma constitucional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL.

Dada en el Palacio del Pardo: (Fecha que corresponda)

Firma del Jefe del Estado, Rey de España a todos los efectos.

NOTA: Esta web se reserva el derecho de variar el número de ciertos artículos, por su derogación o sustitución. Por lo que el número de artículos no es fijo.

Título Primero.

2010-08-03T01:51:00.001+02:00

Artículo 1. Sólo serán castigadas como delitos militares las acciones y omisiones previstas como tales en este Código.

Artículo 2. No hay pena sin dolo o culpa. Cuando la pena venga determinada por la producción de un ulterior resultado más grave, sólo se responderá de éste si se hubiere causado, al menos, por culpa.

Artículo 3. Todas las personas son iguales ante la ley penal militar, sin perjuicio de la individualización de la pena, conforme a lo previsto en el artículo 35 de este Código.

Artículo 4. Se aplicarán las leyes penales militares vigentes en el momento de la comisión del delito.

Sólo tendrán efecto retroactivo las posteriores que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor éstas hubiese recaído sentencia firme y el penado estuviese cumpliendo la condena.

Los hechos cometidos bajo la vigencia de una ley temporal serán juzgados conforme a ésta, salvo que legalmente se disponga lo contrario.

Artículo 5. Las disposiciones del Código Penal serán aplicables a los delitos militares en cuanto lo permita su especial naturaleza y no se opongan a los preceptos del presente Código.

Artículo 6. El presente Código no comprende las infracciones disciplinarias militares, que se regirán por sus disposiciones específicas.

Artículo 7. Los preceptos de esta Ley son aplicables a todos los hechos previstos en la misma, con independencia del lugar de comisión, salvo lo establecido por Tratados y Convenios internacionales.

Artículo 8. A los efectos de este Código se entenderá que son militares, los que:

- Como profesionales, sean o no de carrera, se hallen integrados en los cuadros permanentes de las Fuerzas Armadas.

- Con carácter obligatorio se hayan incorporado o ingresen como voluntarios en el servicio militar, mientras se hallen prestando el servicio en filas.

- Cursen estudios como alumnos en las Academias o Escuelas militares.

- Presten servicio activo en las Escalas de Complemento y de Reserva Naval o como aspirantes al ingreso en ellas.

Artículo 9. A los efectos de este Código se entenderá que son Autoridades militares:

-El Jefe del Estado y el Ministro de Defensa.

- Los militares que ejerzan Mando Superior.

- Los militares que en tiempo de guerra ostenten la condición de Jefes de Unidades que operen separadamente, en el espacio a que alcanza su acción militar.

- Los que formen parte como Presidentes, Consejeros o Vocales de Tribunales Militares de Justicia y los Auditores, Fiscales y Jueces militares, en el desempeño de sus respectivas funciones o con ocasión de ellas.

- Mientras permanezcan fuera del territorio nacional, los Comandantes de buques de guerra o aeronaves militares y los Oficiales destacados para algún servicio en los lugares, aguas o espacios en que deban prestarlo, cuando en ellos no exista autoridad militar y en lo que concierna a la misión militar encomendada.

Artículo 10. A los efectos de este Código se entenderá que constituyen Fuerza Armada los militares que, portando armas y vistiendo el uniforme, presten servicios legalmente encomendados a las Fuerzas Armadas, reglamentariamente ordenados, así como, en las mismas circunstancias, los miembros de la Guardia Civil, según lo establecido en la Constitución.

Artículo 11. Se entenderá que es centinela el militar que, en acto de servicio de armas y cumpliendo una consigna, guarda un puesto confiado a su responsabilidad. Tienen además dicha consideración los militares que sean:

- Componentes de las patrullas de las guardias de seguridad en el ejercicio de su cometido;

- Operadores de las redes militares de transmisiones o comunicaciones durante el desempeño de sus funciones;

- Operadores de sistemas electrónicos de vigilancia y control de los espacios terrestres, marítimos y aéreos confiados a los centros o estaciones en que sirven, durante el desempeño de sus cometidos, u observadores visuales de los mismos espacios.

Artículo 12. Se entenderá por militar superior toda sujeto que con respecto a otro, ejerza autoridad, mando o jurisdicción en virtud de su empleo jerárquicamente más elevado o del cargo o función que desempeñe, como titular o por sustitución reglamentaria y únicamente en el desempeño de sus funciones.

Se considerarán superiores, respecto de los prisioneros de guerra enemigos, los militares españoles, cualquiera que fuere su grado, encargados de su vigilancia o custodia y en el ejercicio de las mismas, así como aquellos prisioneros investidos de facultades de mando por la autoridad militar española para el mantenimiento del orden y la disciplina en relación a quienes les están subordinados.

Artículo 13. A los efectos de este Código se entenderá que potencia aliada es todo Estado con el que España se halla unida por Tratado o Acuerdo de alianza militar o de defensa, así como cualquier Estado que, independientemente de tales Tratados o Acuerdos, toma parte en la guerra contra un enemigo común o coopera en la realización de una operación armada.

Artículo 14. A los efectos de este Código se entenderá que la locución en tiempo de guerra comprende el período de tiempo que comienza con la declaración formal de guerra, al ser decretada la movilización para una guerra inminente o con la ruptura generalizada de las hostilidades con potencia extranjera, y termina en el momento en que cesen éstas.

Artículo 15. A los efectos de este Código se entenderá que son actos de servicio todos los que tengan relación con las funciones que corresponden a cada militar en el cumplimiento de sus específicos cometidos y que legalmente les corresponde.

Artículo 16. A los efectos de este Código se entenderá que son actos de servicio de armas todos los que requieren para su ejecución el uso, manejo o empleo de armas, cualquiera que sea su naturaleza, conforme a las disposiciones generales aplicables o a las órdenes particulares debidamente cursadas al respecto, así como los actos preparatorios de los mismos, ya sean individuales o colectivos, desde su iniciación con el llamamiento a prestarlo hasta su total terminación, y cuantos actos anteriores o posteriores al propio servicio de armas se relacionen con éste o afecten a su ejecución. Asimismo, tendrán esta consideración los actos relacionados de forma directa con la navegación de buques de guerra o el vuelo de aeronaves militares.

Artículo 17. Un enemigo es toda persona, fuerza, formación o banda que pone en peligro la integridad e independencia de España.

Artículo 18. A los efectos de este Código las fuerzas terrestres, navales o aéreas están frente al enemigo o frente a rebeldes o sediciosos cuando se hallen en situación tal que puedan entrar inmediatamente en combate directo con alguno de ellos o ser susceptibles de sus ataques directos, así como cuando sean alertadas para tomar parte en una misión de guerra.

Artículo 19. Una Orden es todo mandato relativo al servicio que un superior militar da, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que legalmente le corresponden, a un inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita una actuación concreta.

Preámbulo Código Penal Militar.

2010-08-03T01:46:00.001+02:00

La necesidad de tener un ejército cualificado y profesional, hace necesario que los delitos y faltas que éstos pudieran cometer estén regulados en un código especial, acorde a los principios constitucionales y el progreso de la Patria. Con este planteamiento, vienen a separarse del presente Código las materias procesales y disciplinarias para limitar su contenido al Derecho Penal material.

En el Título I del Libro I quedan proclamados los principios de legalidad, de culpabilidad, de igualdad y de retroactividad de la Ley penal más favorable. Con la definición del delito militar se pone de manifiesto la exigencia tanto de voluntariedad como de culpabilidad en el autor para que su acción u omisión pueda ser reputada como delito.

La tipificación de conductas constitutivas de delito militar, que figura en el Título II, queda básicamente centrada en los delitos exclusiva o propiamente militares, pero excepcionalmente contempla supuestos que afectan al servicio y a los intereses del Ejército, en que los no militares pueden ser sujetos activos de un ataque a la Institución armada con lesión del bien jurídico tutelado, pudiendo resultar delito militar formal y materialmente.

De otra parte, en cuanto a las causas de exención de responsabilidad criminal, se opta en el presente Código por la fórmula de reenvío al Código Penal común, teniendo en cuenta la especialidad de las leyes penales castrenses, todo ello sin perjuicio de los casos en que las exigencias propias de la vida militar obligan inexorablemente a un planteamiento diferente.

Se ha entendido que la esfera militar no puede ofrecer sustanciales particularidades respecto al significado de las causas de inimputabilidad, bastando lo que diga el Código.

Penal ordinario sobre dicho extremo. En cuanto a legítima defensa y causas de justificación, las amplias formulaciones que las Leyes comunes hacen del estado de necesidad y del cumplimiento de deberes civiles o militares resultan suficientemente elásticas para su utilización en el ámbito militar.

El problema de la obediencia se resuelve al margen del viejo concepto de una ciega obediencia para exigir al inferior que obedece una especial diligencia para que sus actos no comporten la manifiesta comisión de ilicitudes. La fórmula que figura en este Código Penal

Militar no difiere de la establecida por las Reales Ordenanzas, a fin de evitar confusiones y de puntualizar bien su adecuación al texto constitucional.

Por imperativo constitucional, únicamente se prevé la posibilidad de la pena de muerte para tiempos de guerra, estableciéndose en todo caso como alternativa y no como pena única.

Razones de política criminal han determinado la simplificación y reducción de penas con supresión de las penas consistentes en degradación, separación del servicio y destino a cuerpo de disciplina, por no responder a los criterios inspiradores de la moderna penología ni a los postulados que se mantiene. Las penas de privación de libertad quedan suavizadas, manteniéndose al propio tiempo un amplio arbitrio para su graduación. Respecto al cumplimiento de las penas, se mantiene para los militares condenados la no aplicación de los beneficios de suspensión condicional de la condena, todo ello por razones de ejemplaridad directamente vinculadas a la disciplina.

La extinción de la responsabilidad criminal se regula en análogos términos a los de la legislación común. En cuanto a rehabilitación se considera que la inscripción de toda condena dictada por los Tribunales militares corre a cargo del Ministerio de Justicia, donde constan los antecedentes penales a cancelar.

El Libro II está dedicado a la regulación de los delitos militares en particular. El delito de traición militar se tipifica sobre las siguientes bases: conexión de la materia con la lucha armada y la condición de militar en el sujeto activo, acogida solo excepcional de las fórmulas mixtas y previsión de figuras específicas en este delito, como las de traición derrotista, traición económica, traición-deserción, traición colaboracionista, la negligencia en su evitación y la omisión de denuncia eficaz. El delito de espionaje militar queda conceptualmente simplificado al limitarse a la obtención o revisión de información clasificada o de interés militar a potencia extranjera. El delito de revelación de secretos o informaciones sobre la defensa nacional se independiza de los dos anteriores. Los delitos de atentado contra los medios capaces de ocasionar graves estragos o que impliquen un concreto peligro para la vida e integridad de las personas. Los delitos contra la nación española y contra la institución militar, los delitos contra los deberes del servicio, así como los delitos contra la Hacienda en el ámbito militar, quedan tipificados bajo diversas especies e igualmente se incluyen los delitos contra la Administración de la justicia militar, con lo que se completa el haz de figuras delictivas de este Código.

Código Penal Militar.

2010-08-03T01:31:00.002+02:00

Préambulo. (Lo tenemos listo, en una semana estará subido)

Libro I: DISPOSICIONES GENERALES.

Título Primero: Principios y definiciones.

Título Segundo: Del Delito Militar.

Título Tercero: De las Penas.

Título Cuarto: De la extinción de la Responsabilidad Penal.

Título Quinto: De la responsabilidad Civil Subsidiaria del Estado.

Libro II: DE LOS DELITOS EN PARTICULAR.

Título Primero: Delitos contra la seguridad y defensa Nacional.

Título Segundo: Delitos contra las leyes y usos de la Guerra.

Título Tercero: Delitos de Rebelión en tiempo de Guerra.

Título Cuarto: Delitos contra la Nación española y la institución militar.

Título Quinto: Delito contra la Disciplina.

Título Sexto: Delitos contra los deberes del Servicio.

Título Séptimo: Delitos contra los deberes del servicio relacionados con la Navegación.

Título Octavo: Delitos contra la Administración de la Justicia Militar.

Título Noveno: Delitos contra la Hacienda en el Ámbito Militar.

Disposiciones Transitorias

Disposición Derogatoria.

Disposición Final.

Atrás.

Estado Confesional.

2010-06-04T12:08:00.001+02:00

Se ha hecho publico el artículo del Estado Confesional, fiel idea defendida por los franquistas, donde reflejamos algunos ejemplos que ayudarán a la mejor comprensión de lo escrito. Una forma de vida para un Estado como el nuestro... pasado, presente y futuro.

Aquí podéis verlo.

Movimiento Nacional.

2010-05-29T17:16:00.001+02:00

Ya está disponible el artículo que desgaja todo lo relativo al Movimiento Nacional. Ahora ya podéis saber qué funciones desarrolla, de quién acata órdenes y a quien controla.

¿Dictatorial? Sólo tienes que leerlo para darte cuenta de lo que hablamos. Sigue el enlace que aquí te ponemos y lo entenderás todo...

La democracia orgánica no será la misma para los lectores de nuestros artículos.

Un cordial saludo.

Administrador de HF.

Nueva Ley orgánica.

2010-02-18T13:31:00.001+01:00

Llevamos un largo recorrido desde que comenzamos con este proyecto y, desde entonces, muchas cosas han cambiado. Hemos madurado tanto en lo político como en lo personal. Vamos confeccionando leyes que, seguramente, variarán a lo largo del tiempo. Y cada día tenemos más base para que la democracia orgánica sea factible. Hoy os presentamos el ejemplo de unas fuerzas del orden correctas y preparadas.

La Ley que os presentamos hoy, regula los modos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía), suprimimos las policías autonómicas y ampliamos derechos. Para tener seguridad, necesitamos fuerzas del orden felices.

Aquí podéis verla.

Nueva Ley.

2010-02-17T23:24:00.001+01:00

"Asegurar la seguridad", es el sino de un Estado de bienestar. Pero cómo órgano formado por personas, siempre tendrá que atenerse a ápices de inseguridad ciudadana. A veces, éstas pueden llegar a ser peligrosas, provocadas por agentes externos de diversa índole.

La naturaleza es sabia e incontrolable. A veces, España se ve sometida a diversas catástrofes.

La situación política puede dar pie a revueltas impopulares y minoristas de grupos extremistas y violentos.

E incluso, se puede ser atacado por naciones ajenas, envidiosas de la grandeza que la historia nos ha otorgado.

Por ello, es necesario adoptar una serie de medidas para garantizar la seguridad de la mayoría de los españoles. Cuando los medios normales no son suficientes se ha de recurrir a los diferentes estados de emergencia: alarma, excepción o sitio.

Nosotros los regulamos en nuestra constitución (aún por finalizar) y en la ley orgánica que aquí les exponemos.

Seguiremos trabajando por la alternativa política más justa.

Un cordial saludo.

Rodrigo Churruca.

Creación de la Base Común.

2010-02-13T11:04:00.001+01:00

En HF estamos profundamente concienciados en que es necesaria una base común o idea primaria para poder aspirar a un Estado orgánico, con democracia real y efectiva. Tomamos por referencia y motivación el ejemplo dado por el Generalísimo en 1937, cuando decidió crear el Movimiento Nacional, del cual nos sentimos herederos, en detrimento de los intereses particulares de los partidos políticos mayoritarios: Falange y Tradicionalismo Carlista.

En contraposición, está el ejemplo dado por el Frente Popular o alianzas de partidos de izquierdas. Por mucho que su objetivo fuese el mismo, sus acciones para conseguirlo eran diferentes, eso en el caso más benévolo, pues a veces ni eso porque partidos como Izquierda Republicana querían una república progresista, en cambio, otros como el Partido Comunista de España querían la dictadura del proletario y la sumisión a la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Imposible el entendimiento.

Actualmente vemos en nuestras filas el segundo ejemplo, totalmente inadecuado para el verdadero fin. Partidos, asociaciones o movimientos intentan por todos los fines unir el quebrado Movimiento Nacional a través de la masificación de personas dentro de ese lazo. Gentes con diversa ideología: nacional-católicos, falangistas, nacional- revolucionarios, franquistas, nacional- socialistas, fascistas o franquistas, entre otros. Debe quedar claro, ante todo y todos, que España debe ser una Nación con identidad e ideología propias, auténticamente nacional. Con esa premisa no debemos aceptar nunca y bajo ningún concepto ideas extranjeras que condicionen nuestras vidas a la servidumbre a otras naciones. Cierto que podemos colaborar en muchos proyectos internaciones, o incluso formar parte de asociaciones multinacionales, pero nunca someter nuestra independencia a fines ajenos, como ha venido sucediendo tiempo atrás.

España debe ser una Nación con identidad e ideología propias […]

Franco solía decir que “hemos de bailar con la más guapa y la más rica”. ¡Sin contemplaciones!, pero nunca serles su “perrito faldero”, hay que establecer unos límites. Por ello, y al igual que no aceptamos el Comunismo o el Liberalismo, tampoco hemos de ser indulgentes con el Fascismo y el Nacional- Socialismo (Que no deja de ser un socialismo, por muchas vueltas que le demos.) ¿O hemos de poner el ejemplo de Unión del Centro Democrático? Las víboras se mordían por el poder y destruyeron el partido a base codicia y ansía de poder individual.

Cambiando de tercio y dando por finalizado el primero de los puntos, hemos de destacar la gran riqueza cultural de España y lo distinguida que es la sociedad española. Una base común no funcionaria si no se ponen medios para la formación de jóvenes y mayores. A base de lectura fácil y comprensible o a través de medios audiovisuales o telemáticos se puede conseguir una mayor concienciación sobre la necesidad de engrandecer la Patria. En HF así lo entendemos y a través de nuestros blogs y de la sumisión de otros a nuestros fines, conseguimos atraer poca pero fiel gente que serán raíz de una nueva Sociedad justa y leal.

Es menester, conseguir que los grandes líderes patriotas acepten unas normas básicas. En relación con sus partidos deben aceptar los preceptos de un estado orgánico: normas y principios. En cuanto a sus afiliados deben cumplir con el decálogo creado para su comportamiento, desistiendo de cualquier acto violento, racista o vandálico que pueda socavar el buen fin del partido.

Aunque en HF no creemos en los partidos políticos como medio de conseguir los fines políticos planteados, bien es cierto que pueden ser una más que estimable ayuda, pues el nivel propagandístico que poseen es mucho mayor del que nunca conseguiremos patriotas sin dinero.

El desistimiento de Golpes de Estado (No así de Alzamientos Nacionales) nos ha permitido comprender el papel que pueden jugar los partidos políticos para conseguir el verdadero gobierno del pueblo, con eficacia y satisfacción. En efecto, una vez llegados a los inicios de una democracia orgánica todos los partidos políticos y asociaciones del mismo fin han de ser disueltas, sustituyéndose por otros medios de elección, totalmente válidos, explicados con detenimiento en “La Organización del Estado Orgánico”.

En fin, hay que adoptar una serie de medidas que brevemente hemos expuesto aquí. Los partidos han de hacerse eco de esta proposición, pudiendo volver así a ser Grandes y Libres como antaño.

Dirección de HF.

Rodrigo Churruca.

Ley Orgánica del Consejo del Reino.

2010-02-13T09:35:00.002+01:00

A fecha del 13/02/10, en esta web hemos publicado un texto articulado correspondiente al Consejo del Reino. Se trata de un órgano consultivo de las Cortes Generales, cuyos miembros serán elegidos por el Jefe del Estado. Al igual que sucede en el actual Consejo de Estado, con la salvedad de que ninguno de sus componentes recibirá compensación económica en el ejercicio de sus funciones.

Servirá para mantener la cordura en la política española y eliminar cualquier atisbo de tiranía, discordia o crispación.

Sin más, os facilitamos el enlace y sabéis que podéis encontrarlo en el apartado de leyes orgánicas.

Un cordial saludo,

Rodrigo Churruca.

Historia de la democracia orgánica en España.

2010-02-11T18:46:00.003+01:00

Introducción.

Las democracias son orgánicas o inorgánicas. En las inorgánicas cada ciudadano interviene en las decisiones públicas a través de su representante, perteneciente a un partido político; por contra, en las orgánicas; el ciudadano se integra en la vida política a título personal, sin obedecer al interés partidistas de la primera opción y respetando las leyes fundamentales para la creación y conservación del Estado de Bienestar.

Historia.

La denominación “democracia orgánica” surge hacia la mitad del régimen personal de Francisco Franco (1938, Fuero del Trabajo), cuando a raíz de la aparición de la primera de las leyes fundamentales del reino se intentó crear un sistema social sin partidos políticos con representación personal, careciendo de los intereses partidistas. Como características propias proponía no solo una democracia real, sino un Estado católico, central, tradicional y patriota.

El Franquismo fue el preludio de lo que pretendía ser una democracia orgánica, aunque nunca llegó a visualizarse tal fin. La ejecución de este ideal quedó inconclusa, debido sobre todo a las presiones extranjeras y al ostracismo internacional, al que España se vio sometida durante casi quince años, que retrasaron en gran medida la consumación de este sistema político. Y para cuando este problema fue solventado, la banda terrorista ETA, ejecutó el magnicidio del presidente del gobierno Don Luis Carrero Blanco, que eliminó todo atisbo de democracia orgánica en España, pues éste era uno de los máximos defensores de esta ideología.

La Posguerra fue tremendamente severa, se cebó con los más débiles. La gente pudiente emigró al extranjero, dejando a España en la más triste de las pobrezas. Solo unos valientes empeñaron sus pocas propiedades para dar efectivo al Estado. Éste sin duda lo aprovechó y aunque por aquel entonces la población española no tenía acceso a las necesidades básicas: aceite, trigo, huevos, carne, pescado… hubo un trabajo perseverante por parte del Gobierno español, que se centró por aquel entonces en la salida de la dura y prolongada posguerra.

Cuando la seguridad se vio restablecida y las cartillas de racionamiento fueron eliminadas, el Franquismo comenzó a configurar el sistema político genuinamente español. Se trataba de un sistema “anti-todo”, pues prescindía tanto del comunismo como del liberalismo en sus distintas vertientes: conservador o capitalista y progresista. Sistemas que por tradición llegaban a ser corruptos y se servían de los ciudadanos como instrumentos del egoísmo y egocentrismo personal y colectivo de un grupo reducido de personas, es decir, una oligarquía disfrazada de democracia.

Y como ejemplo de lo citado con anterioridad está la democracia “partitocrática” española. El actual sistema de partidos finge ser una democracia inorgánica; pero somete los derechos individuales, al dictado de las altas finanzas, las corporaciones económicas y a los intereses de los partidos políticos quienes financian sindicatos y controlan los derechos políticos.

El Aislamiento internacional obligó a una autarquía que nunca funcionó. Un sueño del Generalísimo que quería ver una España autosuficiente, pero que nunca pudo ser. Renunciando a este sueño, el siguiente paso fue el crecimiento económico, que llegó con el Plan de Estabilización.

La democracia orgánica seguía fortaleciéndose. Por aquel entonces, cuando las grandes familias gobernaban España (Opus Dei, Falange y Movimiento Nacional), empezaron a infiltrarse dentro de los centros de poder, personas con otras ideas. Para algunas renovadoras, para otros traicioneras. Fueron asentando la idea de un cambio, inaceptable hasta el asesinato de Carrero Blanco. Con su muerte, la base del edificio se convirtió en ceniza y poco a poco eso “renovadores” cambiaban el régimen desde dentro.

Aprovechándose de la estructura del régimen y con la muerte del Caudillo, España dio paso a una transición. A una democracia “partitocrática”, sin haber conocido la complejidad del sistema orgánico. Quedando ésta en desuso, se convirtió en un recuerdo de los nostálgicos. A ojos de liberales y progresistas fue convertida en una tiranía, pero la realidad es bien distinta y nosotros la reflejamos en estas líneas.

Atrás.

Organización del Estado Orgánico.

2010-02-05T14:25:00.001+01:00

A vuestra disposición ponemos un texto con todas las características de la democracia orgánica. Una pequeña reseña de este movimiento ideológico, donde observaréis que no es necesaria una capitalización del sistema o un sistema liberal para que haya una auténtica democracia.

Aquí podéis ver el texto.

Alcaldes por vocación.

2010-01-28T01:29:00.001+01:00

Nuevo artículo sobre el camino a seguir de la Democracia Orgánica con respecto a la organización territorial básica del Estado: El Ayuntamiento . Donde vemos reflejado el afán personal y las riquezas individuales frente al colectivismo y Justicia Social.

El Administrador.